El poder de revocatoria es un derecho esencial en una democracia moderna

¿Por qué no reclamar el fin de este gobierno?

 

Se ha instalado un interesante debate sobre la legitimidad del reclamo de revocatoria del mandato del presidente, que está implícito en las masivas manifestaciones recientes. Algunos de los interrogantes planteados  abordan cuestiones que, más tarde o más temprano, estarán a la hora del día en función de la previsible dinámica de confrontación del pueblo trabajador con el macrismo: ¿Existe una posibilidad de terminar con el modelo económico sin plantear el fin del gobierno?  ¿Cuestiona al sistema democrático el derecho a revocar el mandato de un representante electo? ¿El presidente es un monarca absoluto a plazo fijo? ¿El pueblo agredido por la política actual debe resignarse a esperar el cuarto año del recambio presidencial?

 

Por Bernardo Veksler

 

A partir del discurso de Pablo Micheli en Plaza de Mayo, en la concentración de la CTA del 30 de marzo pasado, donde reclamó al Gobierno: "parar con los despidos, las importaciones y que haya paritarias libres" y advirtió que "la lucha va a continuar en la calle hasta que caiga este modelo neoliberal", un coro de comunicadores se alzó contra la supuesta amenaza a las instituciones que implicaba ese pronunciamiento.

Algunos recordaron la zozobra vivida con el ocaso del gobierno de De la Rúa y las vidas que se llevó la crisis, como si la responsabilidad de esa situación fuera de los que salieron a las calles hartos de ser acosados por la perversa política oficial y no de los que atacaron las condiciones de vida del pueblo trabajador y reprimieron a mansalva a los que se manifestaron en defensa de su derecho a la supervivencia.

Más allá de la legitimidad que tiene todo reclamo de los sectores populares, cuando se ve atacado su nivel de vida, los interesados cuestionamientos mediáticos plantean el supuesto embate a las instituciones que significa levantar la bandera de “abajo el modelo neoliberal” o el más sincero de “qué se vaya el gobierno”.

Otros sectores políticos, incluso sindicales, temerosos de expresar esas posturas “extremas”, toman distancia manifestando que no quieren que quede trunco el mandato presidencial, que desean que “al gobierno le vaya bien” o que si la mayoría del pueblo expresó su voluntad hay que esperar cuatro años para cambiar o expresarlo en el turno electoral de renovación legislativa de este año.

Estas opiniones son propias de los que tienen resueltas sus necesidades elementales y puede esperar; seguramente, no coinciden con esas posturas los miles de cesanteados que deambulan por las calles infructuosamente en busca de un empleo; los jubilados que perdieron sus medicamentos gratuitos y cuyo poder adquisitivo se deterioró en más del 15%; los docentes que salen a reclamar por paritarias libres y reciben como respuesta la difamación, las amenazas y la organización de rompehuelgas; los que sufrieron la represión por protestar o simplemente por vivir en una barriada obrera; las mujeres que ven como se acrecienta la violencia machista sin que el oficialismo responda activamente para combatir esa rémora medieval; los defensores de los derechos humanos que ven como se intenta liquidar toda posibilidad de hacer efectiva la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia;   los demócratas honestos que ven como los debates se sustituyen arteramente con maniobra publicitarias o con campañas operadas por multitudes de trolls contratados por la Jefatura de Gabinete, o como se presiona a gobernadores, legisladores, jueces y fiscales para que se subordinen a los dictados del Poder Ejecutivo.

 

Cómo crudo testimonio de las consecuencias dramáticas derivadas de la política implementada por Macri están los trabajadores de Cresta Roja, cuyos lamentos no logran ser escuchados: "hace un año y medio que estamos afuera, sin ningún tipo de respuesta. Somos 900 en total". "Macri había dicho que si era presidente iban a entrar a trabajar todos. Cuando vino Macri, acá se prendieron las cámaras adentro de la planta, pero afuera no, porque había carteles de reclamo". "Hay 45 personas en urgencia total, porque tienen criaturas que están enfermas" y están juntando donaciones para poder comer.

De las  2.500 personas que empleaba la empresa, en la actualidad no llegan a ser 1.200 los que trabajan. Y los cesanteados languidecen mientras "el sindicato no nos atiende, los nuevos dueños tampoco nos recibieron. No tenemos obra social, no tenemos fondo de desempleo, no tenemos qué llevar a nuestras familias".

Ellos, como centenares de miles de trabajadores, no pueden esperar.

 

EL PODER DE REVOCATORIA ES UN DERECHO ELEMENTAL  PARA HACER MÁS DEMOCRATICO EL SISTEMA POLÍTICO

 

Esta cuestión comienza a ser planteada por la ciencia política moderna, como una reacción frente a la arbitrariedad y degeneración en que se desenvuelven las instituciones políticas, legislativas y judiciales; y a la marginación en las decisiones trascendentes que sufren los sectores populares. Algunos teóricos de esta disciplina, muy alejados de posturas de la izquierda marxista, comienzan a plantear el debate sobre las limitaciones del sistema político y la necesidad de que, no sólo se incorpore a la vida política el poder de revocatoria y el plebiscito para decidir sobre las cuestiones que afectan a los intereses de las mayorías, sino que se comiencen a generar espacios de democracia directa para contrarrestar la corrupción, la inseguridad y defender el nivel de vida del pueblo. En ese sentido, ya existen constituciones provinciales, como la de Tierra del Fuego, que han incluido formalmente esas propuestas.

 

Estas posturas se han desarrollado sobre todo entre politólogos estadounidenses, que sostienen que es necesario plantear  una nueva teoría de la democracia en la cual se rescate el rol transformador de los valores y se neutralice el protagonismo de las elites auto elegidas en la cúpula del sistema político. Enfatizan la participación popular como valor central y elemento fundamental para contrarrestar la tendencia oligárquica en el sistema político.

Reconociendo su fuente en la teoría clásica, autores como Barchrach, Macpherson, Paterman, afirman que “la poca participación y la desigualdad social están tan íntimamente unidas que para que haya una sociedad más equitativa y más humana hace falta un sistema político más participativo”.

Esta corriente de pensamiento considera que “la democracia es vista como un método mediante el cual las elites compiten libremente por el voto de los ciudadanos, es una visión que desvirtúa lo que la democracia es, y fue pensada esencialmente para legitimar la toma de decisiones concentrada en los grandes grupos de poder en las sociedades desarrolladas actuales, a la vez que para impedir que la participación de todos los ciudadanos invada espacios de poder por estas elites usurpados”. Afirman que “la concepción de la democracia elitista sirve para la formidable defensa de la división entre elites y masas en la estructura de los sistemas democráticos actuales”

(Bacharach, P. Crítica de la teoría elitista de la democracia).

Estos politólogos sostienen que “la democracia no es solamente un método, posee fundamentalmente una dimensión ética, la democracia implica una concepción amplia de lo político, es decir no restringido exclusivamente a las instituciones representativas  -gubernativas, sino a todos aquellos espacios en los que se toman decisiones que afectan significativamente los valores sociales”.

Y concluyen que la democracia representativa debe combinarse con democracia directa allí donde sea posible. A juicio de C.B. Macpherson  (La democracia liberal y su época), la democracia participativa puede ser calificada como un “sistema piramidal, con la democracia directa en la base y la democracia delegada en todos los niveles por encima de ella. Así se empezaría con una democracia directa al nivel del barrio o de la fábrica, con debates totalmente directos, decisión por consenso o mayoría y elección de delegados que conformarían un consejo al nivel más amplio inmediatos (...) Los delegados tendrían que contar con suficientes instrucciones de sus electores y ser responsables ante ellos... Y así sucesivamente”.

Estas opiniones han trascendido fronteras y se replican en estas geografías: “no hay estado de derecho sin un sistema codificado de reglas que controle y que regule la arbitrariedad del poder; más aún, es un carácter que dicta al sistema de la flexibilidad necesaria para adaptarse a nuevas situaciones y poder así perdurar” (Nun, J. La teoría política y la transición a la democracia. Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina).

 

 

POR QUÉ NO RECLAMAR LA REVOCATORIA DEL MANDATO POPULAR

 

Cuando un gobierno se convierte en una fuerza de ocupación dispuesta a depredar a mansalva el patrimonio de la sociedad y condicionar el futuro de millones de  personas; cuando un gobernante le declara la guerra al pueblo trabajador, como lo ha hecho Mauricio Macri desde el primer segundo que asumió el poder, es totalmente legítimo que los afectados consideren que ha caducado el mandato otorgado.

 

Cuando durante la campaña electoral el candidato de Cambiemos mintió descaradamente, sosteniendo que no iba a devaluar, que no iba a aumentar las tarifas, que iba a terminar con la pobreza y la corrupción, que iba a fortalecer la industria y las economías regionales, que iba a crear empleo, que iba a combatir la inflación y hasta  que iba a mantener el “Fútbol para todos”; y una vez llegado al gobierno hizo todo lo contrario –además de seguir mintiendo como con la “Reparación Histórica” a los jubilados o los reiterados anuncios, nunca confirmados, de reactivación y creación de empleo- tiene sentido el retiro del crédito concedido.

 

Cuando los resultados de su gestión derivan en una hecatombe económica y social, manifestada en el aumento de la pobreza y la indigencia, la destrucción masiva de empleo, la crisis de las economías regionales y de la pequeña y mediana empresa; cuando el consumo y el poder adquisitivo bajan estrepitosamente, es justo que los afectados salgan a las calles a exigir que terminen de meterles las manos en los bolsillos. 

 

Cuando es público y notorio como se ha endeudado el país a niveles escandalosos; como se ha beneficiado a los sectores más concentrados de la economía y como han crecido los negocios y las ganancias de las empresas vinculadas a los hombres que ocupan puestos en el gobierno; como se llevan adelante con todo desparpajo medidas de gobierno que benefician generosamente a las empresas del presidente; no sólo es justo y legítimo, sino también necesario exigir el fin de un gobierno que ha llevado la corrupción y la transferencia de recursos de los asalariados a las corporaciones a los niveles más insólitos que se tenga memoria en la historia argentina.

 

Además de ser considerado como una elemental medida de autodefensa del pueblo trabajador, este reclamo no puede ser calificado como un ataque a las instituciones porque los que la han degradado han sido los que ostentan el poder y para recuperar la virtud republicana es imprescindible que esta experiencia termine cuanto antes, para preservar la democracia, la sociedad y la subsistencia de las mayorías populares.