Por Bernardo Veksler
La desaparición forzada de Santiago
Maldonado puso en evidencia, una vez más, la fragilidad de la vida en nuestra
sociedad. Cualquier ciudadano puede convertirse en una entelequia. Los amigos y
seres queridos pueden ignorar para siempre adónde fueron sus pasos. En un momento,
las ilusiones y proyectos de un ser humano pueden evaporarse. Cualquier día, un
individuo puede dejar de caminar por el barrio, de intimar con amigos y
familiares, de concurrir a los lugares donde encontraba felicidad y canalizaba
sus inquietudes, y su biografía puede esfumarse instantáneamente de la historia
colectiva.
Los responsables de custodiar ese
preciado bien se desentienden de sus deberes y niegan enfáticamente evidencias
y testimonios. Agreden a la inteligencia al abrazar hipótesis surrealistas y elaboran
discursos encubridores del evidente accionar delictivo de los gendarmes. La parsimonia
judicial diluye las pistas y otorga a los propios autores la capacidad de
investigarse. La complicidad mediática construye el escenario de la impunidad e
instala el hecho de que Santiago ya “no existe, desapareció”.
Algunas
declaraciones resultan tan patéticas como intimidantes: "Necesito a esa
institución para todo lo que estamos haciendo, para la tarea de fondo que está
haciendo este gobierno. Si lo primero que hacemos es tirarle la responsabilidad
al gendarme, acusarlo previamente, y echarle sólo por el hecho de una presión
mediática, sería una mala ministra de Seguridad", afirmó Patricia
Bullrich en el Senado, dando total aval a los “desaparecedores” y amenazando con
nuevos e impunes actos de barbarie.
No importa
que la desaparición de Santiago se haya producido luego de la salvaje y
desproporcionada represión a un grupo mapuche, y que los testigos hayan dado
suficientes pruebas del hecho. Los responsables políticos, con todo desparpajo,
ponen cara de “yo no fui” y diluyen toda
esperanza de que se esclarezca el hecho, dando argumentos pueriles y
descabellados.
Parecería
que las prácticas genocidas se mantienen en vigencia y sólo hace falta que se
desboque el caballo de la ilegalidad para que la sangre de inocentes se siga
derramando como un hecho cotidiano y la opinión pública se familiarice despreocupadamente
con esa posibilidad.
La larga lista de desaparecidos en
democracia es alarmante y demuestra el grado de impunidad que pueden contar los
ejecutores. Los casos más conocidos incluyen al joven estudiante Miguel Bru,
que desapareció en alguna dependencia de la Bonaerense; algo similar ocurrió
con el adolescente Luciano Arruga, hasta que sus restos aparecieron muchos años
después como NN; de Jorge Julio López nada más se supo, después de caer en
manos de los esbirros de Etchecolatz. Y ahora Santiago, por el aporte gendarme,
se sumó a este triste inventario.
Pero, a esa lista se fueron incorporando
otras personas: Marita Verón, que sólo la perseverancia de su madre pudo sacar a
la luz las complicidades oficiales con las redes de trata. Maria Cash, cuyo
padre dejó la vida en los caminos insondables de su búsqueda. La niña fueguina Sofía
Herrera, de la que ni siquiera quedaron hipótesis razonables de su
desaparición.
A esa enumeración se podrían agregar las
“desapariciones imperfectas” de Víctor Choque, Teresa Rodríguez, José Luis Cabezas, Carlos
Fuentealba y Mariano Ferreira, el único caso que se pudo llegar a esclarecer y
condenar a los culpables.
Un político una vez le comentó a este
periodista: “El problema de la Argentina es que todo aquel que logra reunir una
cuota de poder, lícito o ilícito, es un sujeto a tomar en cuenta en una
negociación”. Así, las mafias, las bandas delictivas, los barras bravas y los
narcotraficantes son tomados en cuenta para alcanzar consensos. Y por esa misma
razón, los uniformados, jueces y
funcionarios que tienen sus negocios “non sanctos” y los represores son
consentidos desde el poder, con el propósito de darle algo de gobernabilidad a
esta decadente estructura de poder.
En este contexto, la supervivencia es
una hazaña cotidiana y la vida es un estado condicional.
Comparto totalmente tu relato,la vida de las personas no está asegurada en estas democracias corruptas donde los intereses del poder estan por encima de los derechos humanos
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