El 2 y 3 de noviembre de 1977

Una noche de secuestros de obreros ceramistas

 

 Por Bernardo Veksler

 

“Como estábamos despedidos, con mi mujer nos quedábamos a ver televisión, que en esa época la trasmisión terminaba a la una de la madrugada. A esa hora se escuchó que nuestro perro empezó a ladrar, me asomo y veo que entran varios tipos corriendo por el pasillo, con armas largas y con pistolas en las manos. Yo le digo a mi esposa: ‘nos vienen a buscar’. Uno golpea la puerta y empieza a gritar ‘dale, dale; abrí’. Me pongo a un costado y abro la puerta, se meten y uno me agarra del cuello, me tira al piso y me pone una pistola en la cabeza y me preguntan: ‘¿vos sos Pablo? (...) Pasó más de media hora así y vino uno que dijo: ‘en el fondo hay otra casa’. Tenía un hermano discapacitado de unos cuarenta años, que después también desapareció, venía para mi casa alarmado por los ruidos y lo agarraron a golpes. Les digo: ‘por favor, no le peguen que es enfermo’ y al rato lo dejaron. En tanto, ya se llevaban a Pablo (…) años después, los vecinos se animaron a hablar y dijeron que eran todos camiones del Ejército, del Batallón 601”.

Este relato de Ramón Villanueva, es uno de los testimonios presentados por el autor de esta nota en el libro La Batalla de los Hornos que describen los operativos llevados a cabo durante la noche del 2 y la madrugada del 3 de noviembre de 1977. En pocas horas fueron secuestrados al menos siete obreros de la fábrica Lozadur: las hermanas Felicidad y Dominga Abadía Crespo, Sofía Cardozo, Elba María Puente Campo, los delegados Pablo Villanueva e Ismael Notaliberto y Francisco Palavecino, directivo del sindicato ceramista.

El circuito de terror había comenzado antes de la medianoche en Del Viso, en la casa de las Abadía Crespo; luego continuó en la vivienda de los Villanueva, en Adolfo Sourdeaux;  en la de Ismael Notaliberto, en Boulogne; y en la de Francisco Palavecino, en Don Torcuato.
El 27 de octubre, habían sido secuestrados los ceramistas Juan Carlos Panizza, Faustino Gregorio Romero y José Agustín Ponce, en la propia planta fabril de Cattaneo, y Jorge Carlos Ozeldín, secretario gremial del sindicato, fue arrancado de su domicilio.

No obstante, todavía perdura el interrogante sobre la cantidad de víctimas que esta patota consumó en esa saga sangrienta. Un documento desclasificado del Departamento de Estado de los Estados Unidos (Disappearance of ceramics workers in 1977), dio cuenta de un informe girado por la embajada en Buenos Aires, a raíz de estos secuestros.

La delegación diplomática informaba: “hemos podido confirmar estas desapariciones a través de una fuente que consideramos segura, que está en contacto con la administración de la firma. Esta fuente informa que, en total, él ha oído denuncias de entre 15 y 20 desapariciones de trabajadores de Lozadur en noviembre de 1977 y de 5 a 10 de trabajadores de otras plantas de cerámica en la misma área, posiblemente por elementos de inteligencia operando desde la Escuela de Comunicaciones en el cercano Campo de Mayo (…) Otra fuente que se codea con agentes de inteligencia del Ejército nos dijo que 19 trabajadores de cerámica fueron ejecutados en Campo de Mayo en noviembre de 1977.

El documento incluía un comentario: “creemos que hay un alto grado de cooperación generalmente entre representantes de la administración y las agencias de seguridad orientada a eliminar infiltrados terroristas de los lugares de trabajo industriales y a minimizar el riesgo de conflicto”.

Los obreros ceramistas se venían destacando por su combatividad desde que su antigua bronca estalló en mayo de 1973. Esas luchas les permitieron obtener importantes reivindicaciones laborales y salariales, y la expulsión de la conducción sindical de Roberto Salar. Los ceramistas fueron el único gremio que logró remover a su dirigencia por la acción directa. Este logro se pudo concretar gracias a la actuación de la Agrupación Evita (JTP) que encabezó esas movilizaciones.

Los días previos a los secuestros, los obreros de Lozadur y Cattaneo venían desarrollando medidas de fuerza en pos de lograr un aumento de salarios. A principios de octubre, Pablo Villanueva fue citado al Ministerio de Trabajo para una reunión con la patronal y el interventor del sindicato ceramista de Villa Adelina, gendarme Máximo Milarck. Allí, fue responsabilizado por el conflicto y amenazado de aplicarle la Ley de Seguridad Nacional.

La complementariedad entre militares y patrones dio un nuevo paso, la empresa de la familia Amoroso Copello despidió a trescientos cincuenta del millar de operarios que contaba. Luego, los militares consumaron el macabro operativo destinado a aplastar el conflicto a sangre y fuego.