01 noviembre 2009

El debate por la memoria histórica

Heridas que no cierran y sangran todavía



El debate legislativo de estos días en España, ha demostrado la inviable pretensión de borrar el pasado que se esbozó con la transición a la democracia.
Luego de tres generaciones, las miles de víctimas del franquismo siguen clamando justicia y la restitución a sus familias de los más de treinta mil cadáveres desperdigados en fosas comunes por toda la península.




(Ilustración de la artista plástica Mónica Fasoli
de la tapa del libro Rebeliones
en el Fin del Mundo, del autor de esta nota.)







(Desde Madrid, por Bernardo Veksler). Siete décadas después del combate y treinta años después de la muerte de quien lideró la larga noche sufrida por España, el debate sobre ese doliente pasado renace con inusitada fuerza. El inicio del trámite parlamentario del proyecto del gobierno socialista es el elemento protagónico de esta polémica que permanece subyacente en la sociedad. Hasta tal punto, que, en muchos colegios secundarios, los jóvenes que le dan la espalda al presente, se enfrascan en largas discusiones y enfrentamientos por el significado de la Guerra Civil y el franquismo.
A diferencia de otros países, que sufrieron largas dictaduras y fueron derrocadas por la movilización popular o por la intervención militar extranjera, España tuvo una transición ordenada desde el riñón del mismo franquismo y consolidada por el Pacto de Moncloa, con la participación de todos los sectores políticos. Ese período fue puesto como un modelo ejemplar por infinidad de políticos y politólogos, pero ha dejado en evidencia, una vez más, las cuentas pendientes que han quedado sin saldar y que periódicamente se empeñan por salir a la luz.
Desde hace tiempo se viene hablando del proyecto que ahora inició su complicado recorrido parlamentario. Su elaboración demandó una gran cantidad de borradores y sobrellevar enormes dificultades para encontrar una versión final que pudiera compatibilizar las promesas electorales de José Luis Rodríguez Zapatero con lo “políticamente correcto”. El ecléctico resultado catapultó más divergencias que apoyos.
El Partido Popular lo cuestionó con el lenguaje típico de la derecha para estos casos: es un “intento de hacer oportunismo político con la historia” y de “reabrir heridas”. Para la izquierda la iniciativa se quedó a mitad de camino al no avanzar sobre la nulidad de los juicios franquistas. De esta manera, el PSOE debió tomar la medicina que tanto le encantaba suministrar al PP: quedar en soledad parlamentaria.
El proyecto se basa en proclamar la “injusticia de condenas, sanciones y cualquier otra forma de violencia personal producidas por razones políticas o ideológicas durante la Guerra Civil (1936-1939) o el franquismo (1939-1975)".
La posibilidad de que se habilitara la nulidad de las condenas del período dictatorial generó también debates en el Poder Judicial entre quienes consideraron inadmisible cualquier cuestionamiento a la seguridad jurídica y los que sostuvieron que durante la transición hubo “un olvido amnésico” y que es hora de pasar a un “olvido activo” desde “el reconocimiento expreso” de la existencia de juicios sumarísimos con la total falta de garantías. Pero, la iniciativa oficial se circunscribe sólo a la "reparación moral" de las víctimas del franquismo, resignándose a no avanzar sobre el terreno judicial.
Con respecto al monumental Valle de los Caídos, en los alrededores de Madrid, el proyecto contempla que deje de ser "escenario para la exaltación" del franquismo. Pero, no brinda respuesta al reclamo de que sea retirada del lugar la ostentosa tumba de Francisco Franco, que sea revertida esa desagradable imagen simbólica que posee, al haber sido construido por los presos de la dictadura, y sea convertido en un museo de la represión.
Los familiares de los mártires republicanos manifestaron su desacuerdo con el proyecto y cuestionaron abiertamente las compensaciones económicas como modalidad de reparación. En la iniciativa oficial se establece que todos los descendientes de las víctimas de la Guerra Civil podrán solicitar indemnizaciones y se destinan 26,4 millones de euros.
Simultáneamente al debate parlamentario y como expresión de descontento con el proyecto del PSOE, la Asociación por la Memoria Histórica efectuó una presentación judicial denunciando la existencia de 30 mil desaparecidos. Paradójicamente, Baltasar Garzón será el juez que tendrá a cargo la causa, justamente a quien se le cuestiona la dualidad de ser consecuente frente a dictadores del exterior y no utilizar la misma vara para juzgar lo ocurrido en España.

Sobre rastrojos de difuntos

Otro tema que genera controversias es la ubicación, apertura e identificación de los miles de cadáveres todavía insepultos. Los datos incompletos que se cuentan arrojan un total de 94.699 víctimas del campo republicano y otras sesenta mil del franquismo. Mientras estas cuentan cada una con su correspondiente sepultura, como una rémora de ese cruento pasado, los defensores de la República y luego opositores a la dictadura muertos y asesinados en un alto porcentaje no tienen tumba que los identifique.
La Asociación por la Recuperación de la Memoria considera que hacer un cálculo de la cantidad de asesinados que reposan en sepulcros colectivos es casi imposible. Con esa salvedad, a partir de algunos hallazgos, como la fosa común del cementerio de Gijón y la matanza de la plaza de toros de Badajoz, con más de tres mil cuerpos en cada una, la estimación de los desaparecidos superaría las 30 mil personas. Ya existen cientos de fosas que han sido denunciadas y documentadas.
Este trajinar de la APRM se vio fortalecido por la decisión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que aprobó, el pasado 17 de marzo, por unanimidad, una propuesta de condena internacional de las “graves y múltiples violaciones de Derechos Humanos cometidas en España por el régimen franquista, entre 1939 y 1975”.
A mediados del año pasado, Amnistía Internacional hizo público el informe “España: Poner fin al silencio y a la injusticia. La deuda pendiente con las víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista”, donde se sostenía que los crímenes contra la humanidad no pueden ser borrados por actos de perdón u olvido, que los derechos de las víctimas de abusos graves contra los derechos humanos deben reconocerse y que es necesario poner fin a la doble injusticia que se produce cuando un Estado que viola derechos humanos priva a determinadas víctimas o sus familiares de verdad, justicia y reparación.
AI también denunció el desastre de los archivos y los obstáculos de todo tipo que impiden a las víctimas acceder a sus derechos. En la mayoría de los casos, cuando se localiza una fosa común, no existen los medios económicos ni legales para recuperar e identificar los cadáveres. Aquí es donde reclaman la intervención del gobierno para dotar de medios técnicos y cobertura legal que permitan desarrollar con dignidad estos trabajos. El tiempo no pasa en vano, dado que las personas que vivieron aquellos hechos superan en la gran mayoría de casos los ochenta años. Y ellos son la única fuente de documentación existente sobre la localización de las fosas comunes.
La suma de reivindicaciones de los que sufrieron en sus familias el escarnio franquista se encuentra sin las respuestas esperadas.
En el documental “Siempre días azules”, emitido en estos días por la televisión pública, se narran las peripecias de dos ancianas por recuperar los cadáveres de sus familiares. Su memoria permitió que un grupo de antropólogos voluntarios detectara y abriera una fosa común en León. Su constancia logró que casi todos los ancianos del pueblo se acercaran al lugar esperando encontrar a sus seres queridos.
Durante los trabajos, en varias ocasiones las ancianas tuvieron ataques de llanto y desconsuelo por los recuerdos reprimidos durante tanto tiempo. Pero, en el momento en que se comenzaron a rescatar los cadáveres, las dos mujeres se abrazan y ríen felices. Tal vez, gran parte de los españoles sueñen también con ese momento, con reencontrarse con los suyos y poder recuperar la alegría.


Publicado en www.argenpress.com.ar 18-12-2006

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