Un accidente mortal destapó las condiciones infrahumanas en las que vivía un grupo de obreros. Pero sólo fue un botón de muestra de una realidad donde la precariedad y la superexplotación de la que son víctimas muchos inmigrantes abonan la prosperidad de la sociedad europea.
Bernardo Veksler
Madrid. Ahora fueron obreros rumanos y polacos, pero unos días antes hubo portugueses, africanos, chinos y suramericanos involucrados en condiciones de vida y trabajo infrahumanas. El primer mundo también hermana en la desgracia.
Marian y Calin se aferraban a lo poco que tenían, apenas una maleta y una bolsa de plástico donde guardan su ropa y sus casetes para entretenerse en los escasos ratos libres. Junto a otro obrero rumano y uno polaco vivían en los sótanos del edificio que estaban restaurando en la Madrid rutilante y cosmopolita. Llevaban treinta días durmiendo en unos sucios colchones sobre el sucio suelo. A su jefe, se le cayó encima el ascensor que reparaba. Su muerte permitió destapar las condiciones infrahumanas en las que vivían. Y se cumplió con el ritual usual en estos casos: todos los medios de comunicación lo calificaron como un escándalo, decenas de rentados opinadores mediáticos se desgarraron las vestiduras, los sindicatos cumplieron con su cuota de denuncias y las autoridades con sus correspondientes silencios, evasivas y promesas vacuas... Hasta que se destape un nuevo drama y se repita la secuencia.
No es algo excepcional, todo lo contrario. En la turística Málaga se denuncia el trabajo semiesclavo entre el personal doméstico, con jornadas sin límites, sin descanso semanal y hasta sin remuneración. En Almería, que el 75 % de las empresas gastronómicas trabajan con empleados inmigrantes en negro y en condiciones de "semiesclavitud". En Asturias, que la cámara empresaria busca cubrir sus vacantes con trabajadores contratados en Colombia y Portugal, a los que se los someten a jornadas interminables y cobran la cuarta parte de lo establecido por los convenios. En Madrid, que en la construcción existen unos 25.000 obreros trabajando en condiciones de extrema precariedad y clandestinidad. En Murcia, que 300 bolivianos eran empleados en tareas agrícolas y no se les pagaba. En el País Vasco, que detectaron un incremento de obreros inmigrantes en la construcción, la señalización de carreteras o la tala de árboles, que viven "situaciones de semiesclavitud" que sufren graves accidentes en sus puestos de trabajo, y nadie se entera. En la vecina Navarra, prósperos viñateros y agricultores contaban con peones portugueses en condiciones de trabajo esclavo.
Esto que debería avergonzar a cualquier nación y que tendría que generar en los gobernantes medidas urgentes para impedir que esos dramas humanos subsistan, no parece ser un tema prioritario en las agendas oficiales. Como reafirmación de ello, en la edición dominical de El País (2/9/07) se publica una entrevista de cinco páginas al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, bajo el sugestivo título de portada: “Busco una mayoría suficiente para la modernización definitiva de España”, sin que se haya hecho una sola mención al drama de miles de trabajadores que viven en la clandestinidad, superexplotados y semiesclavizados, ni al hecho de ser un país que duplica el porcentaje de su población en la Unión Europea en materia de mortandad laboral y que está ubicado en el primer lugar de esa lamentable estadística. Hace unas semanas, Rodríguez Zapatero, había anunciado la puesta en marcha de una "estrategia de largo alcance" para reducir en un 25% la siniestralidad laboral y afirmó sentirse "orgulloso" de presidir un país donde no se tolera la explotación de los trabajadores inmigrantes.
Una vieja historia
“Los correspondientes datos estadísticos arrojan más de 1.000 muertos, más de 10.000 accidentes graves, más de 660.000 leves y, si se computan incluso los que se producen sin causar baja, más de 1.200.000 accidentes. (..)
Esta situación no la puede permitir una sociedad como la nuestra que se mueve en el contexto de liderazgo económico y social que supone la pertenencia al núcleo de la Unión Económica y Monetaria, la zona del Euro, en la Unión Europea”, esta cita es del texto del Plan de Acción sobre la Siniestralidad Laboral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, puesto en vigor el 29 de octubre de 1998.
El año pasado, el número de muertos por accidentes laborales ascendió a 1377, pero los especialistas estiman que si se sumaran los ocurridos en la vía pública (de trabajadores en tránsito y de conductores de profesión) y los sufridos por los que laboran en la clandestinidad, esa cifra debería multiplicarse al menos por cuatro. Además, las enfermedades laborales se cobran otras16.000 vidas cada año
Por una sugestiva coincidencia las cifras de negocio de la industria aumentaron a un ritmo del 6,6% durante los seis primeros meses del 2007, y uno de los motores de la economía española, la construcción, cada vez más depende de la mano de obra inmigrante, que ya representa el 67% del total de puestos de trabajo creados por ese sector desde 2000. Pero, estos trabajadores sufren un 13% más de accidentes laborales y un 33% más de siniestros con resultado de muerte que los españoles, por las condiciones de precariedad en que se desempeñan.
Como cada vez que ocurre un hecho que escandaliza coyunturalmente a la opinión pública, los sindicatos hacen anuncios de que impulsarán una activa campaña por las empresas. UGT comenzará a distribuir folletos informativos en distintos idiomas
para que los inmigrantes conozcan sus derechos y CCOO se quejó por la escasez de inspectores de trabajo y exhortó a los trabajadores que sufran esas extremas condiciones a que se animen a denunciar. Pero un trabajador no afiliado que quiera recabar asistencia o asesoramiento en ese sindicato debe primero pagar casi un jornal para ser atendido.
Por acción u omisión existe una cadena de complicidades que hace que esa luctuosa historia tenga asegurada su permanencia en el tiempo.
Publicado en www.argenpress.com.ar 2/9/2007
22 octubre 2009
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