CARTA ABIERTA A MARCELO TINELLI, SUSANA GIMENEZ Y MIRTA LEGRAND. CON COPIA A DANIEL SCIOLI

Me dirijo a ustedes, a raíz de las declaraciones que formularon en los últimos días, con la intención de compartir una reflexión y, si fuera posible, una propuesta que tienda a resolver los problemas sociales que nos aquejan.
Cuando se expresaron con indignación por la saña y violencia de la que habían sido víctimas personas de renombre, profesionales o comerciantes, compartí con ustedes el dolor de esas familias como muchos de sus televidentes. Uno tiende a mirarse en esos espejos y se estremece poniéndose en el lugar de esos involuntarios protagonistas.
Además, existen muchísimos otros casos de violencia y delincuencia que rara vez adquieren relevancia. Cuando los afectados son humildes trabajadores que sufren el robo de sus quincenas o alguna de sus pertenencias (con el drama que conlleva esa pérdida), cuando son maltratados por patotas, violan a sus hijas, ven como sus hijos o los de sus vecinos se introducen en el submundo de las adicciones sin contar con una mínima ayuda o prevención, no sólo no tienen trascendencia, sino que muchas veces tienen que sobrellevar doblemente su rol de víctimas, ya que al denunciar el perjuicio sufrido su simple apariencia los convierte en sospechosos. Entonces, el problema de la inseguridad tiene una dimensión mayor del que la espectacularidad mediática brinda habitualmente.
Sus llamados a la “mano dura” y el reclamo excluyente de soluciones represivas no parece ser el camino adecuado. El “ojo por ojo y el diente por diente”, que inducen los textos bíblicos, son propios de épocas cuando imperaba la ley del más fuerte y lo visceral era más potente que lo racional. A esta altura de la evolución de la humanidad no debería recurrirse a semejantes metodologías, porque la sociedad cuenta con recursos, especialistas y profesionales capacitados para hacer un diagnóstico adecuado, generar un intenso debate y determinar las estrategias más convenientes para recuperar estándares de vida dignos. Entonces si esas posibilidades existen, ¿por qué reducir las soluciones al típico reclamo de una sociedad primitiva que lejos de permitir entender y resolver la cuestión nos lleva inevitablemente a un mayor embrutecimiento colectivo?
Ustedes se preguntarán, como casi toda la ciudadanía, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué razón este fenómeno de violencia nos está martirizando como sociedad de manera creciente en las últimas dos décadas, cuando anteriormente era excepcional? ¿Qué fenómeno disparó esta involución? De las respuestas que surjan dependerán las medidas que se deban reclamar para que esos padecimientos comiencen a encontrar soluciones.
Seguramente, el éxito que han logrado en sus respectivas carreras tiene que ver con sus cualidades comunicativas, con ese mecanismo aceitado que les permite alcanzar un alto nivel de empatía con el público. Cuentan con una capacidad enorme para encontrar las palabras justas que su millonaria teleaudiencia espera escuchar, saben expresar sus ideas con razonamientos simples que rápidamente son popularizados y aceptados por las mayorías. Es una enorme virtud la que poseen. Sus discursos pueden ser polémicos pero nunca serán ignorados. Pero esa particular aptitud no puede ser igualmente efectiva ante cualquier contingencia, menos aún para enarbolar soluciones de problemáticas complejas. En esos casos se corre el riesgo de exteriorizar salidas cosméticas, ofrecer sólo un espacio para la catarsis colectiva o, peor, inducir a la satisfacción por la vía de la venganza.
Reivindicar un incremento de la represión es una respuesta simple que tiende a ser aceptada por mucha gente. Ante un tema complejo es natural que se opte por respuestas sencillas que eludan razonamientos y debates profundos. Las opciones más autoritarias y dictatoriales suelen también nutrirse de este tipo de argumentos efectistas que les permite lograr rápidas adhesiones, sostenidas en la emotividad y el escaso intercambio de ideas. Por otro lado, no puede perderse de vista que esta prédica, en algunos casos, ha desencadenado en la justicia por mano propia o en complacencias con los excesos represivos.
Hace unos días, la Coordinadora contra la Represión Institucional (Correpi) denunció la muerte de 2826 chicos, desde 1983, fruto del accionar de uniformados y que, desde 2003, los fallecidos en circunstancias que involucran a victimarios oficiales suman 1323 jóvenes. Es decir, que esa “mano dura” reclamada ya se viene ejecutando, sin que haya obrado como un neutralizante de la violencia, todo lo contrario. ¿Será que 2.826 chicos muertos es insuficiente para alcanzar la seguridad deseada, que hace falta subir esa cifra a diez mil, veinte mil o la tristemente recordada de treinta mil para alcanzar soluciones satisfactorias para la ciudadanía?
Es evidente que el tema de la violencia y el auge delictivo no puede resolverse mágicamente, porque responde a una multitud de causas entre las que podemos incluir la decadencia del país, la desindustrialización, la desocupación, la concentración urbana, la pobreza y la marginalidad, pero también la corrupción policial y el amparo oficial a traficantes de todo tipo.

LA CONDICIÓN HUMANA

El último medio siglo de la historia de nuestro país fue de un continuo derroche de oportunidades en pos de encontrar un rumbo económico que contenga a la población. Podremos recordar los vaivenes de las estrategias económicas implementadas en función de las doctrinas de moda, de ser propiciadas por los organismos multilaterales o para beneficiar a determinados sectores, despreciando un futuro promisorio común. No será difícil visualizar a los gobernantes que obscenamente incrementaron sus patrimonios conviviendo con escándalos de corrupción, sin siquiera ruborizarse ni brindar explicaciones ni ser investigados por la Justicia. No fue un cataclismo que afectó a todos por igual, algunos fueron funcionales a esos ilícitos y se nutrieron generosamente de ellos.
A pesar de que ningún país está exento de esos perniciosos hábitos políticos, la evolución no fue la misma. Hasta hace medio siglo Argentina era la economía predominante de América Latina y en la actualidad no existen certezas de que esté ubicada en el tercer, cuarto o quinto lugar. La simple comparación con el desarrollo manifestado por Brasil y Chile resulta por demás contundente. Este fenómeno de retroceso y frustración de una sociedad no fue gratuito
El censo económico 2004/5 dio cuenta de “una caída de casi 9.000 unidades fabriles respecto al CNE anterior”, en 1994. “Este fenómeno se registra por tercera vez consecutiva y supone una reducción de plantas del orden de los 25.000 en relación al CNE de 1974”.
“La ocupación industrial (poco más de 950.000 trabajadores) supone una expulsión de más de 55.000 personas respecto a una década atrás. En este plano también se reproduce por tercer censo consecutivo y remite a una expulsión de 375.000 trabajadores en relación con los ocupados en la última fase del proceso sustitutivo. Así, al cabo de tres décadas, la industria expulsó a casi el 30 por ciento de la dotación de mano de obra ocupada”. También se manifiesta “una creciente apropiación del excedente por parte de los capitalistas del sector (en especial de los más grandes, dado lo difundido de los procesos de concentración y centralización del capital)”. (Daniel Azpiazu – Martín Schorr. Página 12. Suplemento Cash. 25-10-09).
¿Qué tienen que ver estas cifras con el grado de violencia y el auge delictivo que afecta a la sociedad argentina? Desde hace muchos años existen investigaciones que confirman la relación entre ambas variables. En efecto, la caída de los puestos laborales en la industria y el aumento de la delincuencia son fenómenos estrechamente ligados, según las conclusiones a las que arribó, luego de sus investigaciones, el sociólogo norteamericano James Petras. El estudio analiza las consecuencias inexorables que se producen en el ámbito familiar con la ausencia de la contención que ejerce el trabajo fabril.
“La crisis aumentó el desempleo industrial y automáticamente se elevaron los robos y los asesinatos”, afirmó Petras. Trabajó sobre cinco grandes ciudades -Detroit, Nueva York, Boston, Chicago y Newark- investigando los posibles vínculos entre ambos procesos durante el período 1950/1988. Sus conclusiones fueron que “hay una relación perfectamente inversa. En todos los casos, cuando cae la industrialización y el empleo industrial, aumenta la delincuencia y el crimen”
“La explicación no está simplemente en la pobreza -señala Petras (Clarín, 15/7/90)-. Es la pérdida de la integración. La industria nuclea la gente en la fábrica, permite la organización social y asegura la estabilidad de la familia. Cuando el hombre es marginado por el desempleo prolongado, su autoridad de padre suele quedar lesionada y en más de una ocasión termina abandonando la familia y dejándola en un cuadro de desamparo y quiebra. No es la pobreza en forma grosera lo que explica todo”.
Los pasos de su investigación fueron los siguientes: “Hicimos un pequeño estudio: el proceso de un padre de familia que pierde el trabajo. Se cierra la industria, el padre es indemnizado y a partir de allí los lazos con su hijo empiezan a quebrarse. ¿Por qué? El hijo no puede seguir al padre en su misma fábrica, no tiene una integración social a través de los sindicatos. La autoridad del padre desocupado sobre la familia se va minando. El hijo camina suelto en trabajos mal pagos en el sector servicios, carece de seguridad laboral y de integración”. Considera que “el costo de oportunidad entre una “changa” mal pagada y lo que puede ganar con las drogas o los robos empieza a pesar. Quebrada la autoridad familiar y sus posibilidades de integración, pasa a ser una simple cuestión de conveniencia. Eso fue en Detroit, donde la crisis aumentó el desempleo industrial y automáticamente se elevaron los robos y los asesinatos. Pero sucedió igual en otras grandes ciudades.” En el mismo sentido, agrega que “cuando tenemos pleno empleo industrial y una fuerte sindicalización, las tasas de criminalidad son muy bajas. Si realmente queremos vivir sin miedo ni crímenes tenemos que cuestionar la política de inversiones y la política industrial”.
Luego describe con mayores precisiones el fenómeno, a los miembros de la clase obrera industrial “el empobrecimiento constante los arroja a las calles, pierden identificación con la sociedad, no tienen respeto alguno por la autoridad porque ninguna autoridad tiene respeto por ellos. Son la “basura”. Así, los llaman. Y a la basura hay que limpiarla”.
Entonces, sí la pérdida de puestos de trabajo y el aumento de la delincuencia están vinculados, considerar que la opción para resolver los temas de seguridad pasa por la represión es como prescribir un analgésico para un enfermo de cáncer.
Ahora bien, si la situación de inseguridad que padecemos tiene un origen que se remonta a un par de décadas atrás y los sucesivos gobernantes fueron provocando un agravamiento o la utilizaron de manera perversa en función de sus intereses políticos, ¿existe alguna estrategia posible para resolver ese dilema?
“Hay estados y estados. Hay un estado eficaz con capacidad de tomar un excedente de recursos, organizar programas de servicios que funcionen y atender al sector más desprotegido. Son los casos del Canadá, de Escandinavia, etcétera. Y tenemos otros estados que son simples bolsas de empleos para que los políticos armen sus clientelas. Esos estados absorben sus recursos y dan peores servicios” (Petras, ya citado)
Roberto Baradel, secretario general de Suteba y adjunto de la CTA bonaerense, denunció días atrás que “los hogares están cerrando porque no están recibiendo el pago de becas, no se está aplicando la ley 13.298 de promoción y protección de derechos. Debemos confrontar sobre las causas que generan un país con excluidos y con inseguridad. Dar el debate a la sociedad. Las medidas de Rico y de Ruckauf han incrementado la inseguridad porque incrementaron los circuitos delictivos que están vinculados al poder político y a la policía”.
Si los funcionarios de diversos niveles y jerarquías son los verdaderos responsables de este fenómeno, también muchos medios de comunicación aportan lo suyo con la presentación de informaciones en función de sus necesidades de confrontación con el gobierno de turno o de manera sensacionalista y superficial, sin demostrar un compromiso acabado con el futuro de la sociedad a la que se deben.
En el trabajo titulado “El Encierro mediático. Cómo hablan los diarios sobre los chicos en conflicto con la ley penal”, recientemente publicado, se relevaron 22 diarios –11 nacionales y 11 provinciales-, se analizaron cuáles fueron los temas más y menos tratados, las fuentes escuchadas, los términos utilizados y pone el foco en el tratamiento de los chicos acusados de delitos. Asegura que hay “pocas fuentes; pocas estadísticas; muchos términos peyorativos y titulares que derraman estereotipos en letras de moldes sobre un grupo social que poco puede hacer para defenderse”.
En un año, sostiene el informe, las noticias que vinculan a chicos y chicas con el delito se cuadriplicaron en los principales diarios del país. “¿También se cuadriplicaron los delitos cometidos por chicos? No. Difícilmente éste sea un número que confirme cualquier estadística”. Una de cada cuatro notas relevadas en 22 diarios no cita ninguna fuente, “y en otros casos se apeló exclusivamente a la frase “una alta fuente policial” para comentar un presunto hecho delictivo cometido por un chico”. El trabajo da cuenta de que sólo en el 4,3% de los casos, los propios adolescentes tuvieron voz en las notas que hablaron sobre la Justicia Penal para la franja etaria de 16 a 18 años. Además “los artículos que se refirieron a medidas de privación de libertad de los adolescentes sospechosos de delinquir, incluyeron términos peyorativos en el 65 por ciento de los casos” (www.argenpress.com.ar -20/11/09).
Por otra parte, el rol de las instituciones dedicadas a la prevención del delito y de sus responsables políticos está seriamente cuestionado. No sólo por la escasez de recursos, sino por su sospechosa ineficiencia para operar contra los grandes traficantes, que son los principales causantes de la inseguridad por las redes mafiosas que han tejido incorporando a miles de “arrojados a las calles” y por la utilización por la propia policía de muchos de ellos. ¿Tuvieron que producirse varios crímenes para que las autoridades se percataran del fenomenal tráfico de efedrina que existía en nuestro país? ¿Si ARBA cuenta con tecnología satelital para detectar incrementos patrimoniales no declarados, por qué razón no se la utiliza para descubrir los cientos de desarmaderos existentes que se nutren del robo de automotores? ¿Es posible que los narcóticos circulen con la magnitud e impunidad que lo hacen sin el amparo de algunas dependencias del Estado? ¿Por qué han pasado tantos gobernantes y funcionarios de seguridad sin que se haya podido cambiar radicalmente el funcionamiento policial?

PROPUESTAS

Estas propuestas, que a continuación se detallan, pueden ser más conducentes que el simple reclamo de una mayor represión para resolver el tema de la inseguridad.
1. Es evidente que el problema es complejo y ante cuestiones de esta índole no hay nada mejor que abrir el juego, desarrollar un profundo debate con la mayor participación y libertad posible. Con la incidencia que ostentan en los medios de comunicación, sería sencillo para ustedes promover la creación de espacios en los principales canales de televisión en los que participen académicos, especialistas, representantes sociales y políticos, sin restricciones de tandas publicitarias y grillas de programación, para abordar lo más seriamente posible esta problemática, debatiéndola e intentando concluir en una estrategia adecuada para resolverla. Así será posible esclarecer sobre sí los recursos del estado están bien utilizados o no, cómo contener y brindarles una oportunidad de futuro a los niños y jóvenes desamparados, si la forma de mejorar la seguridad pasa o no por la participación más activa de la ciudadanía en el control y la designación de las autoridades policiales y de seguridad, sobre el tratamiento informativo más adecuado para abordar este tipo de información por parte de los medios de comunicación con el fin de aportar desapasionadamente al esclarecimiento de la ciudadanía, entre otras cuestiones.
2. Creación de un fondo solidario con el fin de solventar una política de amparo social que promueva la cultura del trabajo. Un llamamiento efectuado por ustedes sería enormemente exitoso. Con vuestra iniciativa y el efecto de emulación que ejercería su propia contribución, podría canalizarse el aporte de gran parte de la sociedad, principalmente el de los ricos y famosos, brindándole así la oportunidad de retribuir a la comunidad todo lo que han recibido de ella. De esta manera, podrían solventarse innumerables mecanismos de contención social determinados por las conclusiones que surjan del debate propuesto en el punto anterior.
Estas propuestas se encuentran a vuestro alcance y serían una contribución notable a resolver la problemática que aqueja a la sociedad. Frente a una situación límite como la presente, una acción es mucho más efectiva que cientos de discursos. La promoción de estos pasos haría que el reconocimiento social que poseen se incremente notablemente, pero lo más importante encontrarán la enorme satisfacción de haber contribuido al logro de una sociedad mejor.
Afectuosamente.
Bernardo Veksler.


Publicado en www.argenpress.com.ar el 23/11/09

Derecho a la información

Ciudadanía versus empresas y gobernantes


El debate generado por la Ley de Medios Audiovisuales planteó una polarización inusitada entre los representantes de los empresarios más encumbrados del sector y el Ejecutivo Nacional. En ambas posturas no se visualizó que se procurara preservar consecuentemente los intereses de la sociedad. Las garantías para superar el discurso único instrumentado por los carteles mediáticos, para alcanzar el pluralismo en los medios públicos o para que se alimente el libre debate sobre el futuro de nuestro país, el hemisferio y el mundo estuvieron ausentes.


Bernardo Veksler (Buenos Aires).- ¿Es posible conciliar el derecho a la información con los intereses empresarios o con los contenidos de los medios públicos al arbitrio del gobernante de turno? Estos interrogantes no lograron encontrar una respuesta racionalmente convincente en el debate generado en torno a la Ley de Medios Audiovisuales. Por el contrario, los medios en manos de los empresarios afectados por la norma sacaron a la luz todo lo sesgados que pueden llegar a ser cuando sus intereses están en juego y dejaron en evidencia la falsedad del apotegma instalado de que no existe conflicto entre el derecho a la información y las empresas dueñas de los medios de comunicación.
Esa idea sostenida por una porción importante de los periodistas, mimetizados con los intereses de sus patrones y en preservación de los ingresos adicionales que les genera ese status quo, es un paradigma de otra época y que no puede resistir ningún análisis serio a esta altura de la historia.
En efecto, en el siglo XIX los sectores sociales dominantes necesitaban contar con análisis lúcidos de la sociedad emergente, sacar las debidas conclusiones de los debates generados para encontrar un rumbo funcional a sus intereses, aprovechar las innumerables oportunidades que brindaba la constante expansión del mercado mundial y estabilizar un sistema político que consolidara sus posiciones.
Por esa razón, es posible considerar a este período como el de mayor libertad en los medios de comunicación y en el intercambio de ideas. Era común entonces encontrar las opiniones de Lasalle, Hegel, Marx, Engels, Bakunin, Kautsky y los grandes pensadores de la época en las columnas de opinión de los diarios y sus tratados publicados por entregas como un aporte al debate y a las confrontaciones ideológicas de esa etapa de la historia de la humanidad.
Pero ese momento de sintonía entre los librepensadores y la prensa pasó a mejor vida al ritmo de las necesidades crecientes de capital que demandó la evolución tecnológica y la diversidad de medios de comunicación generados, de la incidencia social que alcanzó “el cuarto poder” y de los formidables negocios que se montaron alrededor de la publicidad y de los vínculos oficiales. Esa relación dialéctica entre inversiones, poder e ingresos convirtieron a los medios de comunicación en un rubro productivo más en pos de obtener la maximización de la utilidad empresaria. Más todavía, el proceso de concentración monopólica nacional e internacional se manifestó con toda crudeza a través de fusiones, compras y recompras de empresas, cartelización de los productores de insumos, creación de multimedios y cadenas, etc., hasta llegar a convertir a esas corporaciones empresarias en maquinarias aceitadas en función de arrancar prebendas de los gobernantes de turno -condicionándolos o favoreciéndolos según el momento-, que llevó a convertir a esa rama de actividad en una de las de mayor evolución económica y crecimiento.
En la Argentina, tomando en cuenta la influencia de las cuatro primeras empresas en cada uno de los mercados, resulta que el promedio de concentración es muy elevado: representa el 84 por ciento por parte de los primeros cuatro operadores, en el caso de la facturación, y el 83 por ciento en el caso del dominio de mercado (siempre se trata de promedios). Los porcentajes demuestran la consolidación de una situación estructural: las industrias culturales y de telecomunicaciones argentinas se hallan fuertemente controladas por las primeras cuatro firmas. Esta situación se agrava al contemplar los grupos a los que esas firmas pertenecen: generalmente se trata de los mismos dueños que están ramificados en todas las hileras productivas en casi la totalidad de las industrias consideradas. Particularmente los casos de Clarín y Telefónica se destacan como grupos dominantes, si bien en algún caso existen grupos emergentes (como el de Vila-Manzano-De Narváez) que aspiran en el futuro a incrementar su participación en el mercado. (Los dueños de la palabra. Guillermo Mastrini y Martín Becerra. Prometeo)
Estas concentraciones no fueron fruto de la libre competencia y de la utilización cristalina de las oportunidades ofrecidas por la libertad de mercado. El grupo Clarín debió su despegue económico a sus vinculaciones con la dictadura y con cada gobierno electo logró alguna conquista que consolidó su posición dominante. Aunque existan proporciones distintas otros grupos empresarios también debieron su encumbramiento a sus buenas relaciones con el gobierno de turno (Telefónica, Hadad, Pierri, Vila-Manzano-De Narváez).
En ese marco, ¿se puede esperar de los acaudalados propietarios de los medios de comunicación la promoción de debates profundos, la divulgación de posturas ideológicas no predominantes, la publicación de denuncias que afecten a su rentabilidad o de las opiniones divergentes con sus intereses económicos? ¿Pueden ser la garantía del derecho a la información de la ciudadanía, considerado como es en la actualidad un derecho humano básico?
Serge Dassault, al momento de asumir su cargo como nuevo propietario del diario Le Figaro, dio pruebas contundentes de la postura empresaria cuando declaró a los redactores: “Desearía, en la medida de lo posible, que el diario pusiera más de relieve nuestras empresas. Creo que a veces hay informaciones que requieren mucha precaución. Como por ejemplo, los artículos sobre los contratos en curso de negociación. Hay informaciones que hacen más mal que bien. El riesgo consiste en poner en peligro intereses comerciales o industriales de nuestro país” (Le Monde, 9 de septiembre de 2004). Al pronunciar “nuestro país”, seguramente pensó en su fábrica de armas Dassault-Aviation. Por eso, para protegerla censuró una entrevista sobre la venta fraudulenta de aviones Mirage a Taiwán. Al igual que una información sobre las conversaciones entre el presidente francés Jacques Chirac y su homólogo argelino Abdelaziz Bouteflika, sobre un proyecto de venta de aviones Rafale a Argelia (Le Canard Enchaîné, 8 de septiembre de 2004) (Citados por Ignacio Ramonet).
Por su parte, la prensa vernácula tiene numerosos ejemplos de cómo ha condicionado lo publicado. Esos intereses también habrán sido puestos en consideración por los directivos del diario Clarín cuando, el 27 de junio de 2002, ante los crímenes de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki perpetrados por los efectivos policiales en la víspera, titularon en su portada: “La crisis causó dos nuevas muertes”, como una manera de preservar las buenas relaciones que tenía con el entonces presidente Eduardo Duhalde.
Los periodistas se han acostumbrado y han asimilado esos condicionantes a su labor profesional, a veces con resignación y otras con obsecuencia. Saben muy bien en cada redacción la información que se puede o no publicar, la que debe ser jerarquizada y la que debe minimizarse, cual debe ser catapultada como noticia catastrófica o cual edulcorada en función de la línea editorial impuesta por el medio, condicionada por los intereses económicos y políticos de su propietario.
“Los grandes medios de comunicación producen las noticias que transmiten. Esto es algo que olvidamos con frecuencia. Los medios son emisores además de transmisores. No son el tablón de corcho donde cada persona cuelga su aviso sino que, como el uranio emite radiaciones, los llamados medios emiten su versión del asunto, su versión de la realidad. No es el periodista quien utiliza el periódico para transmitirnos algo, es el periódico mismo y evidentemente no me refiero al pedazo de papel sino a la empresa sin la cual ese pedazo de papel no existiría, la empresa que fabrica el periódico y contrata al periodista para que produzca una versión de la realidad y, al contratarlo, lo selecciona en función de sus intereses (Belén Gopegui, www.argenpress.com.ar, 21/05/2006).
La función de los medios de comunicación es encontrar explicaciones ante el cuadro complejo que aparenta ofrecer la sociedad para cualquier simple observador, debe brindar lecturas sencillas de esas composiciones para que el grueso de los receptores esté en condiciones de entenderlas. Para que la ciudadanía tenga la posibilidad de introducirse en una visión racional del mundo, para que el inmenso bombardeo de variables, informaciones, estadísticas, encuestas e interpretaciones tengan como especial preocupación simplificar las representaciones de esos mensajes y que contribuyan a la determinación de acertadas conclusiones, mediante la labor de selección y jerarquización de temas y la elaboración de la agenda.
Estas cuestiones exigen rigurosidad desde el punto de vista de la presentación de las noticias, no pueden coexistir con el sensacionalismo, la ligereza, la manipulación y la irresponsabilidad. La inexistencia de un código deontológico hace que muchos de esos límites puedan vulnerarse cada vez más alegremente.
En esa permanente recreación de historias que tiene como función la labor periodística, la versión publicada no sólo está condicionada por la subjetividad del redactor, sino, esencialmente, por los intereses de la corporación que produce la información. Las críticas son penadas con el ostracismo mediático y la permanencia de los referentes políticos o sociales depende de la funcionalidad que tengan para el ordenamiento temático efectuado en dicha agenda. Esas conductas perversas fueron sufridas por periodistas prestigiosos como Pablo Llonto y por el senador (m.c.) Ricardo Laferriere, entre muchos otros.
La máquina de estupidización y de divulgación de banalidades en que se han convertido la inmensa mayoría de los medios audiovisuales, en función del rating y de la consiguiente obtención de mejores tarifas y mayores porciones de la torta publicitaria, no dejan lugar a dudas sobre las expectativas que puede ofrecer para que tanta creatividad sea puesta al servicio de plantear los temas centrales que agobian a la ciudadanía y sus posibles soluciones, de proponer los debates decisivos sin tener que limitarlos a las exigencias de las tandas publicitarias o los esquemas de programación. En general, la programación tiende a pasar a un segundo plano a los diversos contenidos que se ofrecen, sólo tienen utilidad en función de mantener la atención del televidente hasta que llegue la próxima tanda.
Necesariamente el camino a emprender para superar esta distorsión del mensaje mediático pasa por separar el contenido de la publicidad, que los conductores y periodistas vuelvan a estar preocupados por la esencia de la comunicación: informar, formar y entretener y no por el “chivo” o el auspicio que les da sustento o el “kiosco” que armaron paralelamente para incrementar sus ingresos.
La alternativa sería una prensa libre, que no dependa de la concentración masiva de capital ni de la publicidad para sus ingresos y que involucre a gente comprometida que esté interesada en comprender el mundo y participar en una discusión razonada sobre cuál debería ser la estrategia más adecuada para alcanzar esos fines. Si la comunidad considera a los contenidos de los medios de comunicación como algo importante para poder vislumbrar un futuro promisorio para el conjunto de la sociedad, evidentemente los medios de comunicación no pueden continuar en manos de empresarios inescrupulosos.
Si fuera así comprendido, la sociedad a través del estado debería garantizar los recursos necesarios como para poder solventar inversiones, insumos, remuneraciones y producción; desvinculando totalmente los contenidos de la captación publicitaria. La conformación de la línea editorial y la programación no deberían estar a cargo de funcionarios designados por el gobierno, sino de un directorio compuesto por miembros representativos de la sociedad, como sindicatos, universidades, organizaciones no gubernamentales, artistas, periodistas e intelectuales, electos democráticamente, que sean los encargados de diseñar los lineamientos estratégicos y de designar a los encargados de instrumentarlos.
En cuanto a los medios públicos la cuestión pasa por discernir los límites entre estado y gobierno. Tradicionalmente, estas áreas jurisdiccionales se confundieron y no hay síntomas en la actualidad de que el criterio vaya a cambiar. Los contenidos e información no pueden estar bajo la órbita de la verticalidad del gobierno de turno o sometido a todo tipo de presiones -desde distintas esferas gubernamentales hasta de punteros políticos- hacia los funcionarios que pretendan sostener un criterio pluralista.
En ese sentido, existen importantes antecedentes en el mundo de los cuales habría que imbuirse para tomar en consideración. La BBC es un claro ejemplo, dado que independientemente de los políticos que conforman el Ejecutivo británico existe una autonomía que garantiza estabilidad en su línea editorial y en la diversidad y calidad de sus contenidos. Esa concepción se encuentra tan internalizada entre los trabajadores de esos medios y en la comunidad misma que ante cualquier intento involutivo no se hacen esperar las denuncias, protestas y movilizaciones en defensa de preservar esas garantías democráticas conquistadas.
También hubo iniciativas interesantes en Francia, Alemania y España de responder al clamor de la ciudadanía de que los medios de comunicación sostenidos por el aporte de toda la comunidad no puedan manipular, sesgar, ocultar o desfigurar la realidad en función de los intereses del gobernante de turno, de independizarse de la participación en la torta publicitaria y de promover la elevación del nivel cultural de la población presentando contenidos que estén a tono con esa demanda.
Con el mismo criterio señalado anteriormente, los medios públicos deberían estar conducidos por un organismo pluralista y representativo que determine su línea editorial, los contenidos, la programación y las estrategias comunicacionales que la sociedad requiera.
No desarrollar a fondo este debate dejará librada a la ciudadanía a que el mensaje mediático siga determinado por intereses subalternos y no por el progreso social. Que se condicionen los temas prioritarios o que se los subordine al machaque informativo sensacionalista de todos los medios, que reproducen hasta el hartazgo los dichos de Maradona, los exabruptos de De Nárvaez o Reutemann, el conventillo de las chicas de Tinelli, los candidatos que besan niños o hacen de bailarines o artistas para ganar simpatías, el tratamiento superficial de la inseguridad o las proclamas represivas y racistas de cualquier irresponsable.
Es evidente que los grandes problemas argentinos no pasan por esos andariveles y lo único que podemos lograr por ese camino es que siga el baile ambientado en la cubierta del Titanic, hundirnos cada día más en la ciénaga de la crisis sin salida. Mientras estamos distraídos en esos fuegos de artificio, sigue actuando la maquinaria de la corrupción, el clientelismo político, los sin techo continúan exhibiendo sus miserias, miles de nuestros niños amenazados por una infancia sin futuro y las familias trabajadoras asoladas por un mundo sin perspectivas.

Publicado en www.argenpress.com.ar el 2-11-2009

Debates ausentes

Recolonización. El campo ofrece una matriz de soluciones a la pobreza

Las dispares cifras de pobreza e indigencia generaron un nuevo debate en la superficie de los problemas, sin que se vislumbren propuestas superadoras. La prolongada disputa alrededor de la cuestión agropecuaria marginó una de las posibles soluciones a ese angustiante drama social. ¿No se hace necesario proponer una masiva colonización rural que resuelva la crítica situación que afecta a millones de argentinos?

Por Bernardo Veksler

Buenos Aires. Esta semana salieron a la luz las divergencias existentes en la evolución de los índices de pobreza, mientras el INDEC sostiene que hubo un descenso del 17,8 al 13,9 por ciento (un millón y medio de personas que dejaron de ser pobres), los analistas no oficiales consideran que en esa situación se encontraría alrededor del cuarenta por ciento de la población. Más allá de las dispares estadísticas, se hace necesario y urgente abrir un profundo debate sobre las perspectivas de nuestra sociedad en ese contexto y qué soluciones es posible barajar para intentar erradicar esa lamentable realidad.

En los últimos meses la polémica entre dirigentes del agro y el gobierno fue un tema casi excluyente en los medios de comunicación, pero ese debate central giró alrededor de las retenciones a las exportaciones y las situaciones dramáticas que aparentaban vivir los productores. Mientras ellos protestaban, cortaban rutas y hacían oír sus reclamos a viva voz, los millones de empobrecidos y marginados casi no manifestaban sus estados de ánimo, aunque tuvieran de lejos muchas más razones para hacerlo. Una verdadera paradoja de la Argentina de hoy.

En tanto, el tema de cómo las extensas superficies rurales argentinas podrían resolver la creciente marginación y pobreza de los habitantes del país no mereció ni una mínima parte de los profusos espacios utilizados para esa cuestión sectorial. Cuando se aludía a esa temática era sólo para fortalecer las posiciones de los participantes en la pulseada, pero nunca para ofrecer satisfacciones a las víctimas de las sucesivas crisis.

El reciente proceso electoral reafirmó la convicción de que existen temas que están ausentes de los debates y propuestas de los principales candidatos y funcionarios, y sugestivamente son los problemas cotidianos que afectan a millones de pobladores del país.

Entre las cuestiones destacadas que preocupan a los ciudadanos y ciudadanas están la inestabilidad económica, la calidad de vida, la pérdida de poder adquisitivo, la educación, la salud pública, la inseguridad, el transporte de pasajeros, etc. Por lo general, casi todos esos temas son tratados con la superficialidad de los que no lo padecen o se sienten lejanos de los sufrimientos de sus conciudadanos.

Más allá de los índices estadísticos, los síntomas de la creciente marginalidad social se palpan con contundencia en las calles de las principales ciudades argentinas: vendedores ambulantes, cartoneros, revolvedores de residuos, mendigos, familias e individuos sin techo, niños y jóvenes deambulando sin destino, consumo de adicciones destructivas que ganan terreno entre los sectores más vulnerables de la sociedad. En fin, multitudes de desesperados y desesperanzados que se hunden en una degradación sin fin. ¿A qué futuro podremos aspirar con estas evidencias de catástrofe social? ¿Los debates existentes las toman en cuentas? ¿Las vicisitudes de estos seres humanos entran en la agenda de los políticos y referentes sociales argentinos? ¿Las polarizadas polémicas de los últimos tiempos las ponen en consideración? ¿Los recursos del Estado están destinados a resolver esas angustiantes problemáticas? ¿Qué proyecciones se efectúan de estas calamidades presentes? Cualquier encuesta callejera asombraría por los altos índices de respuestas negativas que se lograrían ante estos interrogantes.

Ante las consecuencias de las sucesivas crisis económicas que se han padecido en los últimos años, los gobernantes acostumbran a responder con índices oficiales que pintan un cuadro poco compadecido con esa realidad. En tanto, los que sobreviven en esas precarias condiciones sufren la superficialidad de las políticas consumadas, las escasas respuestas ofrecidas y discursos con justificaciones que sólo alientan a la resignación.

CRECE LA PRECARIEDAD URBANA

Una de las cuestiones primarias a considerar son las condiciones de vida que ofrecen los conglomerados urbanos, donde se acumulan personas en condiciones de precariedad extrema.

La población en las trece villas de emergencia de la ciudad de Buenos Aires consignó un crecimiento del 77 por ciento en los 10 años transcurridos entre el censo de 1991 y el de 2001, llegando a la cifra de 93.000 habitantes. Según estimaciones no oficiales, viven actualmente en ellas más de 150.000 personas. Para dar una verdadera dimensión del problema debería incrementarse esa cifra con los ocupantes de inmuebles, los que viven en refugios y lugares de tránsito o directamente en la calle.

En la ciudad de Santa Fe, el Movimiento Los Sin Techo ha hecho un relevamiento y afirma que cada mes se instalan 30 nuevos ranchos, lo que significa unas 400 viviendas precarias nuevas por año. El informe añade que en 2000 esa organización había logrado erradicar completamente todos los ranchos de la ciudad, pero el avance de la pobreza y la falta de políticas sociales ha logrado llevar la existencia actual a más de tres mil viviendas precarias en ese ejido urbano.

El 10,8 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) rosarina se encuentra desocupada, en el primer trimestre de 2009. Si a ese índice se le suma el 39 por ciento de los asalariados que se encuentra en estado de vulnerabilidad y los beneficiarios de los planes de empleo existentes, las personas con problemas de inserción en el mercado laboral alcanzan a 225.047 individuos. Esto implica el 37,4 por ciento de la PEA. Lo cierto es que alrededor del 40 por ciento de los rosarinos tienen problemas laborales y no cuentan con asignaciones familiares, ni descuentos jubilatorios y quedan fuera del armado de políticas sociales (Precariedad y pobreza. Informe de ATE Rosario, 23 de agosto de 2009).

En tanto, en Villa La Tela, la más grande y antigua de la ciudad de Córdoba, donde residen unas 2.500 familias, la mayoría de ellas percibe como único ingreso un plan social provincial o municipal. El sector no cuenta con servicios organizados de agua, luz ni cloacas. Las familias que habitan esta zona se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad social. Estos datos, que fueron proporcionados por la ONG Perspectiva Social, se refieren sólo a una de las 85 villas de la ciudad, que, por otro lado, viven situaciones similares. La inestabilidad y precariedad laboral prevalecen en estas comunidades, constituyendo el mercado informal de trabajo el ámbito más frecuente de desarrollo de las diferentes ocupaciones.

¿EXISTEN CAMINOS ALTERNATIVOS?

¿No sería razonable intentar revertir la tendencia al desenfrenado crecimiento urbano y que las ventajas naturales de la geografía argentina estén al servicio de resolver esas necesidades? ¿La disminución de la población de las ciudades no sería un aporte a la solución de los principales padecimientos que afectan a los grandes conglomerados urbanos?

Existe una paradoja que se puede advertir con una simple mirada: centros urbanos que cobijan a cada vez mayores contingentes de desesperados luchadores por la subsistencia y campos cada vez más despoblados, cuya tenencia se encuentra cada vez más monopolizada y al servicio de las grandes multinacionales exportadoras. ¿No sería un paso lógico comenzar a evaluar, debatir, diseñar y llevar a cabo algún plan que permita que el campo pueda dar cobijo a familias trabajadoras que estén dispuestas a iniciar una explotación agropecuaria cooperativa que les ofrezca una vida y un futuro digno?

La emergencia que estamos viviendo exige el diseño de soluciones creativas, y la recolonización del campo bien podría ser un camino para generar, aunque más no sea, las circunstancias para que humildes familias tengan la posibilidad de lograr la autosuficiencia con la dignidad de su trabajo y una mejora sustancial de sus condiciones de vida.

Si los gobernantes se propondrían resolver esta situación límite, seguramente encontrarían innumerables tierras que podrían ser utilizadas con ese fin. En los últimos meses, por ejemplo, un municipio del conurbano bonaerense obsequió a varios clubes de fútbol enormes superficies para erigir centros deportivos que no serán de usufructo público, ¿no hubiera sido mucho más razonable haberlos puesto al servicio de las urgentes necesidades humanas de trabajo y vivienda?

Si se realizaría una convocatoria a los habitantes urbanos que quieran emprender una explotación agrícola y si para ese fin se le cedería terreno, vivienda, herramientas e insumos, seguramente miles de familias estarían dispuestas a cambiar las desdichas urbanas por un emprendimiento productivo autónomo o cooperativo que le brinde una perspectiva vivificante a su proyecto de vida.

Si a esa voluntad de superación se le aportaría el asesoramiento del INTA y de las universidades, seguramente sería una garantía de erigir sólidas barreras que impidan el fracaso emprendedor.

¿No debería ser un tema prioritario el vuelco de recursos materiales y humanos del estado a diseñar colonias agrícolas, granjas colectivas y cooperativas que posibiliten canalizar estas voluntades?

Esta política de recolonización agraria debería complementarse con la redistribución de las tierras improductivas para que puedan estar en manos de quienes efectivamente quieran laborarlas, aumentando las posibilidades de que mayores contingentes de trabajadores precarizados o sin empleo puedan canalizar su fuerza productiva y proyectarse junto a sus familias. Complementariamente, además de consolidar las posibilidades de autosubsistencia, a mediano plazo podría aumentarse sensiblemente la producción agropecuaria y la preservación del medio ambiente urbano y rural.

Paralelamente, se debería alentar a quienes actualmente se desempeñan en actividades rurales a que permanezcan y puedan progresar en sus sitios de residencia. Si con el mismo criterio se promovería y se protegerían las reservas y tierras en poder de los pueblos originarios para convertirlos en unidades productivas eficientes, se estarían dando pasos avanzados hacia la dignificación humana y a cortar ese pernicioso circuito que visualiza a las ciudades como la única posibilidad de obtener un sustento.

También, se cortaría la dependencia de los planes sociales, que los condenan a perpetuar su situación, de miles de personas aptas para un desempeño productivo, se daría un duro golpe al clientelismo político que se aprovecha de esas calamidades y se presentaría una posibilidad concreta de ascenso social que atraiga a los jóvenes hacia un camino distinto al de vivir un presente desprovisto de perspectivas.

Si se concretara esta estratégica medida, se produciría la saludable consecuencia de reducir los contingentes de personas que ven como único destino el amontonarse en las grandes ciudades para sobrevivir, aunque tengan que hacerlo en las condiciones más extremas e infrahumanas que se haya podido imaginar.

La reducción de los conglomerados urbanos también operaría en la mejora de las condiciones de vida de los pobladores que persistan en el intento de residir en las ciudades. Al disminuir su población, mejoraría la seguridad y podrían generarse planes de reordenamiento urbano que optimicen el hábitat de las ciudades.

El estado deliberativo en que se encuentra la ciudadanía merecería que se le ofrezca temas de fondo para debatir, sobre todo cuando en ellos se encarna la posibilidad de vislumbrar la luz al final del túnel de una sociedad demasiado acosada por negros nubarrones.

Publicado por www.argenpress.com.ar 26/9/09

El drama de la inmigración africana a España

Cosecharás tu siembra

Europa sufre la consecuencia de un continente devastado por las multinacionales

“... Son pobres que no tienen nada de nada.
No entendí muy bien
si nada que vender o nada que perder,
pero por lo que parece
tiene usted alguna cosa que les pertenece.”

Joan Manuel Serrat

Por Bernardo Veksler (Desde Madrid).- La afluencia de inmigrantes africanos a España no deja de crecer, sólo en el último mes los que han pisado tierra hispana han superado con creces a los que lo hicieron durante todo 2005. Hasta el 29 de agosto pasado habían arribado a las islas Canarias 19035 inmigrantes africanos, un promedio diario de 656 personas. Son los que tienen éxito en su objetivo de alcanzar la ansiada “tierra de promisión”, decenas de miles de sus colegas transitan por puertos y playas buscando una oportunidad para saltar a Europa o quedan en el camino atravesando desiertos, devorados por las alimañas o engrosan las tumbas sin nombre de los náufragos.
En su comparencia en el Congreso de los Diputados el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que 52757 personas fueron repatriadas con destino preferencial a Marruecos, Argelia, Malí, Nigeria, Senegal y Guinea Bissau. Informó también que la policía encargada de esos menesteres pasó de 1403 a 2239 efectivos y que los acuerdos con Marruecos frustraron el intento de alcanzar costas españolas de otros cuatro mil africanos.
En pocos meses la presión se trasladó de Ceuta y Melilla hacia Mauritania primero y a Senegal después. Donde, según una denuncia de las autoridades de la Comunidad Canaria, existen unas 15 mil embarcaciones (cayucos) dispuestas para emprender el cruce marítimo hacia el archipiélago.
Los reductos españoles del norte africano fueron acosados por miles de desesperados dispuestos a desafiar a los machetes y fusiles de las fuerzas represivas hispano marroquíes que cobraron víctimas sin compasión, a las púas cuchillo y cercas de seis metros de altura, con el objetivo de que un salto triunfal los depositara en territorio español.
Esta afluencia migratoria fue tolerada en primera instancia por el totalitarismo marroquí como una forma de chantajear a la Unión Europea. Una vez que obtuvieron las ansiadas prebendas se desató una salvaje persecución y se llegó a abandonar en el Sahara en el más cruel desamparo a cientos de frustrados inmigrantes, sin que se conmoviera la “sensibilidad” de los gobernantes europeos.
Así se van desplazando los improvisados puertos de partida sin que desaparezcan las verdaderas causas del fenómeno que crece a pasos agigantados: la formidable presión expulsiva de la sociedad africana que promueve las vías más patéticas y trágicas de huida.
Recorriendo miles de kilómetros hasta arribar a la costa trampolín; invirtiendo miles de euros de ahorro familiar; saltando cercas, muros o alambradas de púas; en frágiles pateras o cayucos; soportando tempestades, hambre y hacinamiento decenas de miles de jóvenes africanos se proponen vencer al sin futuro y a la muerte.
Repiten las anónimas peripecias de los primeros humanos que salieron de su cuna africana a poblar el mundo. A ellos los impulsaban también la búsqueda de mejores perspectivas, pero las causas eran muy distintas. Mientras esos hombres primitivos eran empujados por causas naturales, los emigrantes de hoy son motorizados por la paradójica conjunción de las enormes riquezas existentes y el inescrupuloso desenfreno que genera su apropiación.

Una negra historia

El primer vaciamiento a que fue sometido el continente fue el de sus hombres y mujeres para ser esclavizados. Millones de ellos fueron cazados como animales, transportados en sucias bodegas y condenados a ser mano de obra gratuita para el aprovisionamiento de materias primas americanas para la naciente industria. Con los recursos obtenidos en este infame negocio se construyó el gran ferrocarril inglés del Oeste y nacieron industrias como la fábrica de pizarras en Gales. El capital acumulado en el comercio de manufacturas, esclavos y azúcar hizo de fogonero de la Revolución Industrial.
Tiempo después, el reparto del mundo que procuraron las potencias europeas hicieron del continente africano un territorio de fecundo coloniaje. En 1879 se declaró al Congo como propiedad del rey de Bélgica a costa de una matanza de miles de africanos. A partir de entonces, casi no quedó territorio que no fuera colonia europea repitiendo similares derramamientos de sangre nativa.
La puja por apropiarse de sus abundantes riquezas fue persistente. Francia invadió Argelia, Túnez y Marruecos y se posesionó de Mauritania, Níger, Costa de Marfil y África Ecuatorial. Gran Bretaña se hizo de Egipto, Sudán, Kenia, Sierra Leona y Sudáfrica. Alemania de Camerún, África Oriental y del Sud Oeste Africano (dominios luego repartidos entre Francia y el Reino Unido). Italia se quedó con Libia, Eritrea y Somalia. Portugal con Angola, Mozambique y Guinea Bissau. España con parte de Marruecos, Sahara y Guinea.
La aspiradora capitalista no sólo extraía los cuantiosos recursos del continente sino que inducía a los conflictos étnicos para consolidar su hegemonía y expoliación, destruía las tradicionales economías autosuficientes y en su imposición de fronteras artificiales fraccionaba comunidades ancestrales. Así estallaron conflictos y hambrunas que asolaron como nunca a la región.
Madera, caucho, marfil, oro, diamantes, petróleo, gas, uranio fueron y son las principales riquezas que generaron contradictoriamente que millones de africanos sean condenados a la miseria más absoluta.
El proceso de liberación de las colonias desarrollado a mediados del siglo XX, a pesar del paso adelante que significó y de las expectativas populares que generó, no produjo cambios significativos en las condiciones de vida de la población, todo lo contrario. La expoliación de los recursos continuó ahora a través de los sutiles mecanismos de las relaciones comerciales internacionales, las inversiones de las multinacionales y los mecanismos crediticios de los organismos multilaterales.
En ese proceso se incorpora Estados Unidos al escenario africano con intenciones de también mojar el pan en el estofado. Los hidrocarburos son su principal interés y así lo afirma Walter Kansteiner –subsecretario de Estado para asuntos africanos- “El petróleo africano es de interés estratégico nacional para nosotros y lo será más aún en el futuro” (The Time, 29-7-02). Angola, Sudán y el Congo son los principales productores de petróleo, pero otros lugares del sufrido continente (Etiopía, Benín, Togo, Nigeria, Namibia) cuentan con importantes reservas que ratifican al funcionario norteamericano.
Estas incursiones europeas y norteamericanas provocan mayores roces entre los sectores de las burguesías nativas que se aferraban al Estado como única posibilidad de gozar de las migajas que dejan los capitales extranjeros, derivando en crueles enfrentamientos y prolongadas guerras civiles donde se cruzan alineamientos étnicos que incitan a rivalidades y matanzas. Costa de Marfil, Uganda, Congo, Nigeria, Etiopía (donde el descubrimiento de reservas petroleras produjo el desplazamiento forzoso de la etnia anuak ocasionando miles de muertos y refugiados) son algunos de los sitios mencionados esporádicamente en los medios de comunicación del mundo por los cruentos enfrentamientos fruto de “incomprensibles” guerras de exterminio.
A los enfrentamientos fraticidas le suceden sangrientas dictaduras que pretenden consolidarse en el poder barriendo a todo vestigio opositor. Otro factor que distorsiona más aún la caótica situación es la incursión de “fuerzas pacificadoras” que intervienen para proteger los intereses de las corporaciones empresarias y a sus aliados nativos.
Estos vínculos e intereses creados engendran una corrupción generalizada en todas las esferas del poder que no sólo prosperan con los porcentajes que generosamente aportaban las corporaciones empresarias sino que también se apropian de las cuantiosas ayudas humanitarias enviadas por organismos vinculados a las Naciones Unidas, por gobiernos europeos y ONG`s.

Se llenó de pobres el recibidor

Los escuálidos debates que se desarrollan en Europa ante la magnitud del drama africano eluden las profundas causas del fenómeno migratorio mencionadas más arriba. El viejo continente tuvo una directa responsabilidad y protagonismo con la prácticamente tierra arrasada en que quedó convertida África. Durante siglos los africanos aportaron su sangre, sus recursos y su labor como ofrenda a la prosperidad de Occidente. Los gobernantes europeos y norteamericanos pactaron y alentaron a obsecuentes dictadores y políticos corruptos con el objeto de acallar rebeldías y aplastar a los dirigentes comprometidos con las causas populares. Poco importó la moralidad y el respeto por los derechos humanos mientras las arcas de sus ganancias estuvieran bien abastecidas.
Es tan contundente el desastre provocado que se llega a mencionar un Plan Marshall de parte de las autoridades de la Unión Europea, un Plan África de parte del gobierno español y hasta el primer ministro británico Tony Blair tuvo una súbita inquietud por ayudar a los africanos que contó con un no menos asombroso apoyo de George Bush.
Más allá de estos fuegos de artificio, que evidencian la necesidad de recurrir a alguna argumentación más solvente que la del garrote, las fuerzas desatadas no dejan de ejercer presión sobre las fronteras y como un poderoso torrente que desactiva los obstáculos que se erigen en su camino y encuentra nuevas vías para persistir en el intento.
Quienes se deciden a emprender semejante periplo dejan por un lado a una sociedad que no les ofrece expectativas de progreso y realización, pero también generan un vaciamiento de los mejores exponentes, los más capacitados y emprendedores dificultando las posibilidades de un desarrollo futuro.
Se disponen a acceder a los suburbios de la prosperidad, convertirse en vendedores ambulantes en las ciudades españolas, trabajadores golondrina o clandestinos jornaleros a bajo costo; vivir en hacinados departamentos, en tiendas de campaña o en refugios colectivos. A pesar de esta degradante realidad que los acoge constituye una mejor opción que las que ofrecen las miserables condiciones de vida de sus lugares de origen.
Al menos pisando tierra europea tienen la posibilidad de soñar con un futuro mejor.
1/9/2006.

Publicado en www.argenpress.coma.r el 5-9-2006

El debate por la memoria histórica

Heridas que no cierran y sangran todavía



El debate legislativo de estos días en España, ha demostrado la inviable pretensión de borrar el pasado que se esbozó con la transición a la democracia.
Luego de tres generaciones, las miles de víctimas del franquismo siguen clamando justicia y la restitución a sus familias de los más de treinta mil cadáveres desperdigados en fosas comunes por toda la península.




(Ilustración de la artista plástica Mónica Fasoli
de la tapa del libro Rebeliones
en el Fin del Mundo, del autor de esta nota.)







(Desde Madrid, por Bernardo Veksler). Siete décadas después del combate y treinta años después de la muerte de quien lideró la larga noche sufrida por España, el debate sobre ese doliente pasado renace con inusitada fuerza. El inicio del trámite parlamentario del proyecto del gobierno socialista es el elemento protagónico de esta polémica que permanece subyacente en la sociedad. Hasta tal punto, que, en muchos colegios secundarios, los jóvenes que le dan la espalda al presente, se enfrascan en largas discusiones y enfrentamientos por el significado de la Guerra Civil y el franquismo.
A diferencia de otros países, que sufrieron largas dictaduras y fueron derrocadas por la movilización popular o por la intervención militar extranjera, España tuvo una transición ordenada desde el riñón del mismo franquismo y consolidada por el Pacto de Moncloa, con la participación de todos los sectores políticos. Ese período fue puesto como un modelo ejemplar por infinidad de políticos y politólogos, pero ha dejado en evidencia, una vez más, las cuentas pendientes que han quedado sin saldar y que periódicamente se empeñan por salir a la luz.
Desde hace tiempo se viene hablando del proyecto que ahora inició su complicado recorrido parlamentario. Su elaboración demandó una gran cantidad de borradores y sobrellevar enormes dificultades para encontrar una versión final que pudiera compatibilizar las promesas electorales de José Luis Rodríguez Zapatero con lo “políticamente correcto”. El ecléctico resultado catapultó más divergencias que apoyos.
El Partido Popular lo cuestionó con el lenguaje típico de la derecha para estos casos: es un “intento de hacer oportunismo político con la historia” y de “reabrir heridas”. Para la izquierda la iniciativa se quedó a mitad de camino al no avanzar sobre la nulidad de los juicios franquistas. De esta manera, el PSOE debió tomar la medicina que tanto le encantaba suministrar al PP: quedar en soledad parlamentaria.
El proyecto se basa en proclamar la “injusticia de condenas, sanciones y cualquier otra forma de violencia personal producidas por razones políticas o ideológicas durante la Guerra Civil (1936-1939) o el franquismo (1939-1975)".
La posibilidad de que se habilitara la nulidad de las condenas del período dictatorial generó también debates en el Poder Judicial entre quienes consideraron inadmisible cualquier cuestionamiento a la seguridad jurídica y los que sostuvieron que durante la transición hubo “un olvido amnésico” y que es hora de pasar a un “olvido activo” desde “el reconocimiento expreso” de la existencia de juicios sumarísimos con la total falta de garantías. Pero, la iniciativa oficial se circunscribe sólo a la "reparación moral" de las víctimas del franquismo, resignándose a no avanzar sobre el terreno judicial.
Con respecto al monumental Valle de los Caídos, en los alrededores de Madrid, el proyecto contempla que deje de ser "escenario para la exaltación" del franquismo. Pero, no brinda respuesta al reclamo de que sea retirada del lugar la ostentosa tumba de Francisco Franco, que sea revertida esa desagradable imagen simbólica que posee, al haber sido construido por los presos de la dictadura, y sea convertido en un museo de la represión.
Los familiares de los mártires republicanos manifestaron su desacuerdo con el proyecto y cuestionaron abiertamente las compensaciones económicas como modalidad de reparación. En la iniciativa oficial se establece que todos los descendientes de las víctimas de la Guerra Civil podrán solicitar indemnizaciones y se destinan 26,4 millones de euros.
Simultáneamente al debate parlamentario y como expresión de descontento con el proyecto del PSOE, la Asociación por la Memoria Histórica efectuó una presentación judicial denunciando la existencia de 30 mil desaparecidos. Paradójicamente, Baltasar Garzón será el juez que tendrá a cargo la causa, justamente a quien se le cuestiona la dualidad de ser consecuente frente a dictadores del exterior y no utilizar la misma vara para juzgar lo ocurrido en España.

Sobre rastrojos de difuntos

Otro tema que genera controversias es la ubicación, apertura e identificación de los miles de cadáveres todavía insepultos. Los datos incompletos que se cuentan arrojan un total de 94.699 víctimas del campo republicano y otras sesenta mil del franquismo. Mientras estas cuentan cada una con su correspondiente sepultura, como una rémora de ese cruento pasado, los defensores de la República y luego opositores a la dictadura muertos y asesinados en un alto porcentaje no tienen tumba que los identifique.
La Asociación por la Recuperación de la Memoria considera que hacer un cálculo de la cantidad de asesinados que reposan en sepulcros colectivos es casi imposible. Con esa salvedad, a partir de algunos hallazgos, como la fosa común del cementerio de Gijón y la matanza de la plaza de toros de Badajoz, con más de tres mil cuerpos en cada una, la estimación de los desaparecidos superaría las 30 mil personas. Ya existen cientos de fosas que han sido denunciadas y documentadas.
Este trajinar de la APRM se vio fortalecido por la decisión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que aprobó, el pasado 17 de marzo, por unanimidad, una propuesta de condena internacional de las “graves y múltiples violaciones de Derechos Humanos cometidas en España por el régimen franquista, entre 1939 y 1975”.
A mediados del año pasado, Amnistía Internacional hizo público el informe “España: Poner fin al silencio y a la injusticia. La deuda pendiente con las víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista”, donde se sostenía que los crímenes contra la humanidad no pueden ser borrados por actos de perdón u olvido, que los derechos de las víctimas de abusos graves contra los derechos humanos deben reconocerse y que es necesario poner fin a la doble injusticia que se produce cuando un Estado que viola derechos humanos priva a determinadas víctimas o sus familiares de verdad, justicia y reparación.
AI también denunció el desastre de los archivos y los obstáculos de todo tipo que impiden a las víctimas acceder a sus derechos. En la mayoría de los casos, cuando se localiza una fosa común, no existen los medios económicos ni legales para recuperar e identificar los cadáveres. Aquí es donde reclaman la intervención del gobierno para dotar de medios técnicos y cobertura legal que permitan desarrollar con dignidad estos trabajos. El tiempo no pasa en vano, dado que las personas que vivieron aquellos hechos superan en la gran mayoría de casos los ochenta años. Y ellos son la única fuente de documentación existente sobre la localización de las fosas comunes.
La suma de reivindicaciones de los que sufrieron en sus familias el escarnio franquista se encuentra sin las respuestas esperadas.
En el documental “Siempre días azules”, emitido en estos días por la televisión pública, se narran las peripecias de dos ancianas por recuperar los cadáveres de sus familiares. Su memoria permitió que un grupo de antropólogos voluntarios detectara y abriera una fosa común en León. Su constancia logró que casi todos los ancianos del pueblo se acercaran al lugar esperando encontrar a sus seres queridos.
Durante los trabajos, en varias ocasiones las ancianas tuvieron ataques de llanto y desconsuelo por los recuerdos reprimidos durante tanto tiempo. Pero, en el momento en que se comenzaron a rescatar los cadáveres, las dos mujeres se abrazan y ríen felices. Tal vez, gran parte de los españoles sueñen también con ese momento, con reencontrarse con los suyos y poder recuperar la alegría.


Publicado en www.argenpress.com.ar 18-12-2006

Colleitarás a túa sementeira

Colleitarás a túa sementeira

Bernardo Veksler

05-09-2006

O drama da imigración africana a España. Europa sofre a consecuencia dun continente esnaquizado polas multinacionais. [Traducido de ARGENPRESS.info por altermundo.org] ... Son pobres que non teñen nada de nada. Non entendín moi ben se nada que vender ou nada que perder, pero polo que parece ten vostede algunha cousa que lles pertence. Joan Manuel Serrat A afluencia de inmigrantes africanos a España non deixa de medrar, só no último mes os que pisaron terra hispana superaroncon moito aos que o fixeron durante todo 2005. Ata o 29 de agosto pasado arribaran ás illas Canarias 19.035 inmigrantes africanos, un promedio diario de 656 persoas. Son os que teñen éxito no seu obxectivo de acadar a ansiada "terra de promisión", decenas de miles dos seus colegas transitan por portos e praias buscando unha oportunidade para saltar a Europa ou quedan no camiño atravesando desertos, devorados polas alimañas ou engrosan os cadaleitos sen nome dos náufragos. Na súa comparecencia no Congreso dos Deputados o ministro do Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, asegurou que 52.757 persoas foron repatriadas con destino preferencial a Marrocos, Alxeria, Malí, Nixeria, Senegal e Guinea Bissau. Informou tamén que a policía encargada deses menesteres pasou de 1.403 a 2.239 efectivos e que os acordos con Marrocos frustraron o intento de alcanzar costas españolas doutros catro mil africanos. En poucos meses a presión trasladouse de Ceuta e Melilla cara a Mauritania primeiro e a Senegal despois. Onde, segundo unha denuncia das autoridades da Comunidade Canaria, existen unhas 15 mil embarcacións (caiucos) dispostas para emprender o cruzamento marítimo cara ao arquipélago. Os redutos españois do norte africano foron acosados por miles de desesperados dispostos a desafiar aos machetes e fusís das forzas represivas hispano marroquíes que cobraron vítimas sen compaixón, ás púas coitelo e valados de seis metros de altura, co obxectivo de que un salto triunfal os deposite en territorio español. Esta afluencia migratoria foi tolerada en primeira instancia polo totalitarismo marroquí como unha forma de chantaxear á Unión Europea. Unha vez que obtiveron as ansiadas prebendas desatouse unha salvaxe persecución e se chegou a abandonar no Sahara no máis cruel desamparo a centos de frustrados inmigrantes, sen que se conmovese la "sensibilidade" dos gobernantes europeos. Así vanse desprazando os improvisados portos de partida sen que desaparezan as verdadeiras causas do fenómeno que medra a pasos axigantados: a formidábel presión expulsiva da sociedade africana que promove as vías máis patéticas e tráxicas de fuxida. Percorrendo miles de quilómetros ata arribar á costa trampolín; investindo miles de euros de aforro familiar; saltando valados, muros ou alambradas de espiño; en fráxiles pateras ou caiucos; soportando vendavais, fame e amoreamento decenas de miles de mozos e mozas africanos propóñense vencer ao sen futuro e á morte. Repiten as anónimas peripecias dos primeiros humanos que saíron do seu berce africano a poboar o mundo. A eles impulsábanos tamén a procura de mellores perspectivas, pero as causas eran moi distintas. Mentres eses homes primitivos eran empurrados por causas naturais, os emigrantes de hoxe son motorizados pola paradoxal conxunción das enormes riquezas existentes e o inescrupuloso desenfreo que xera a súa apropiación. Unha negra historia O primeiro baldeiramento a que foi sometido o continente foi o dos seus homes e mulleres para ser escravizados. Millóns deles foron cazados como animais, transportados en lixosas adegas e condenados a ser man de obra de balde para o aprovisionamento de materias primas americanas para a nacente industria. Cos recursos obtidos neste infame negocio construíronse os grandes camiño de ferro ingleses do Oeste e naceron industrias como a fábrica de lousas en Gales. O capital acumulado no comercio de manufacturas, escravos e azucre fixo de fogoneiro da Revolución Industrial. Tempo despois, o reparto do mundo que procuraron as potencias europeas fixeron do continente africano un territorio de fecundo coloniaxe. En 1879 declarouse ao Congo como propiedade do rei de Bélxica grazas a unha matanza de millleiros de africanos. A partir de entón, case non quedou territorio que non fose colonia europea repetindo similares derramamentos de sangue nativa. A poxa por apropiarse das súas abundantes riquezas foi persistente. Francia invadiu Alxeria, Tunisia e Marrocos e apropiouse de Mauritania, Níxer, Costa de Marfil e Africa Ecuatorial. Gran Bretaña fíxose con Exipto, Sudán, Kenya, Serra Leoa e Suráfrica. Alemaña con Camerún, Africa Oriental e do Suroeste Africano (dominios logo repartidos entre Francia e o Reino Unido). Italia quedouse con Libia, Eritrea e Somalia. Portugal con Angola, Mozambique e Guinea Bissau. España con parte de Marrocos, Sahara e Guinea. A aspiradora capitalista non só extraía os cuantiosos recursos do continente senón que inducía aos conflitos étnicos para consolidar o seu hexemonía e expoliación, destruía as tradicionais economías autosuficentes e na súa imposición de fronteiras artificiais fraccionaba comunidades ancestrais. Así estalaron conflitos e fames grandes que asolaron coma nunca á rexión. Madeira, caucho, marfil, ouro, diamantes, petróleo, gas, uranio foron e son as principais riquezas que xeraron contradictoriamente que millóns de africanos sexan condenados á miseria máis absoluta. O proceso de liberación das colonias desenvolvido a mediados do século XX, a pesares do paso adiante que significou e das expectativas populares que xerou, non produciu cambios significativos nas condicións de vida da poboación, todo o contrario. A expoliación dos recursos continuou agora a través dos sutís mecanismos das relacións comerciais internacionais, os investimentos das multinacionais e os mecanismos crediticios dos organismos multilaterales. Nese proceso incorpórase Estados Unidos ao escenario africano con intencións de tamén mollar o pan na caldeirada. Os hidrocarburos son o seu principal interese e así o afirma Walter Kansteiner –subsecretario de Estado para asuntos africanos– "O petróleo africano é de interese estratéxico nacional para nós e o será máis aínda no futuro" (The Time, 29-7-02). Angola, Sudán e o Congo son os principais produtores de petróleo, pero outros lugares do sufrido continente (Etiopía, Benín, Togo, Nixeria, Namibia) contan con importantes reservas que ratifican ao funcionario norteamericano. Estas incursións europeas e norteamericanas provocan maiores rozamentos entre os sectores das burguesías nativas que se aferraban ao Estado como única posibilidade de gozar das frangullas que deixan os capitais estranxeiros, derivando en crueis enfrontamentos e prolongadas guerras civís onde se cruzan aliñamentos étnicos que incitan a rivalidades e matanzas. Costa de Marfil, Uganda, Congo, Nixeria, Etiopía (onde o descubrimento de reservas petroleiras produciu o desprazamento forzoso da etnia anuak, ocasionando miles de mortos e refuxiados) son algúns dos sitios mencionados esporadicamente nos medios de comunicación do mundo polos cruentos enfrontamentos froito de "incomprensíbeis" guerras de exterminio. Aos enfrontamentos fraticidas sucédenlle sanguentas ditaduras que pretenden consolidarse no poder varrendo a todo vestixio opositor. Outro factor que distorsiona máis aínda a caótica situación é a incursión de "forzas pacificadoras" que interveñen para protexer os intereses das corporacións empresarias e aos seus aliados nativos. Estes vencellamentos e intereses creados procrean unha corrupción xeralizada en todas as esferas do poder que non só prosperan coas porcentaxes que xenerosamente achegaban as corporacións empresarias senón que tamén se apropian das cuantiosas axudas humanitarias enviadas por organismos vencellados ás Nacións Unidas, por gobernos europeos e ONG. Encheuse de pobres o recibidor Os escuálidos debates que se desenvolven en Europa ante a magnitude do drama africano eluden as profundas causas do fenómeno migratorio mencionadas máis enriba. O vello continente tivo unha directa responsabilidade e protagonismo coa terra arrasada en que quedou convertida Africa. Durante séculos os africanos achegaron o seu sangue, os seus recursos e o seu traballo como ofrenda á prosperidade de Occidente. Os gobernantes europeos e norteamericanos pactaron e alentaron a ditadores e políticos corruptos co obxecto de calaren rebeldías e esmagar aos dirixentes comprometidos coas causas populares. Pouco importou a moralidade e o respecto polos dereitos humanos mentres os arcaces das súas ganancias estivesen ben abastecidas. É tan contundente o desastre provocado que se chega a mencionar un Plan Marshall de parte das autoridades da Unión Europea, un Plan Africa de parte do goberno español e ata o primeiro ministro británico Tony Blair tivo unha súbita inquietude por axudar aos africanos que contou cun non menos abraiante apoio de George Bush. Máis aló destes lumes de artificio, que evidencian a necesidade de recorrer a algunha argumentación máis solvente que a do garrote, as forzas desatadas non deixan de exercer presión sobre as fronteiras e como un poderoso torrente que desactiva os obstáculos que se erixen no seu camiño e atopa novas vías para persistir no intento. Os que se deciden a emprender semellante periplo deixan por unha banda a unha sociedade que non lles ofrece expectativas de progreso e realización, pero tamén xeran un baldeiramento dos mellores expoñentes, os máis capacitados e emprendedores, dificultando as posibilidades dun desenvolvemento futuro. Dispóñense a acceder aos suburbios da prosperidade, converterse en vendedores ambulantes nas cidades españolas, traballadores anduriña ou clandestinos xornaleiros a baixo custe; vivir en amoreados departamentos, en tendas de campaña ou en refuxios colectivos. Malia esta degradante realidade que os acolle constitúe unha mellor opción que as que ofrecen as miserábeis condicións de vida dos seus lugares de orixe. Polo menos pisando terra europea teñen a posibilidade de soñar cun futuro mellor.•

Economía española. La burbuja se aproxima al clavo

Por: Bernardo Veksler (desde Madrid, especial para ARGENPRESS.info) (Fecha publicación:21/11/2006)
Información Adicional
Tema: Situación económica española
País/es: España





Mientras la economía española sigue dando muestras de relativo vigor, se están advirtiendo densos nubarrones en su horizonte. La construcción ha sido el gran motor de la expansión, pero se está cargando de indicios alarmantes: los principales operadores aconsejan no invertir en España, todos los días se desata un nuevo escándalo de corrupción vinculado al manejo de la tierra pública o preservada, crece el endeudamiento familiar, la morosidad crediticia y el lavado de dinero.

La economía española continúa demostrando índices de crecimiento superiores al promedio de la Unión Europea. En efecto, la tasa interanual durante el tercer trimestre del año indicó que la expansión económica creció en el 3,8 por ciento del producto interior bruto y en un 0,9% con respecto al trimestre precedente.

Pero, numerosos empresarios comienzan a vislumbrar que el ciclo de apogeo inmobiliario está llegando a su fin. Así se expresaron en el transcurso del Simposio de Barcelona Meeting Point, celebrado en los primeros días de éste mes. Exponentes de ese sector consideraron que difícilmente se salga bien del boom de la vivienda por el sobreendeudamiento y aconsejaron evitar España en sus inversiones futuras.

Otro síntoma del agotamiento del sector se percibe en que los precios de los inmuebles se incrementan a un ritmo menor. En cinco años, los precios de la vivienda residencial se han duplicado, pero en los últimos meses se ha producido una brusca desaceleración. No obstante se mantienen algunas situaciones absurdas como que en el costo de vivienda la incidencia del valor de la tierra es de más del sesenta por ciento y que el departamento más barato de Madrid cuesta 96.162 euros, a pesar de medir tan sólo catorce metros cuadrados.

Esa ralentización de la evolución de los precios ha limitado las posibilidades de obtener rentabilidades interesantes para los fondos de inversión inmobiliaria y otros productos financieros que buscan rendimientos en las propiedades. Como consecuencia de ello, los empresarios acostumbrados a altos réditos comienzan a buscar otros horizontes para sus inversiones. Los primeros destinos se encuentran en París, Roma y Alemania, también observan con interés a los países del Este que están en proceso de incorporación a la Unión Europea.

Algo huele a podrido

Otro de los elementos que explican el auge de la economía española se encuentra en las cifras siderales de dinero negro que circula dentro de sus fronteras y que tiene estrechas vinculaciones con el mercado inmobiliario y con la corrupción institucional. Un indicio de ello es el volumen que representan los billetes de quinientos euros, ya que suponen el 61,58 por ciento del total del dinero circulante y un tercio de todos los billetes de ese valor existentes en la UE. Mientras la inmensa mayoría de los españoles no ha visto en su vida un papel moneda de esa cifra, existe un aumento constante de la demanda de billetes de 500 euros, que refleja el auge que la economía sumergida tiene en España y que se la ubica en el orden del 20 por ciento del PBI.

Hubo demasiados indicios de la presencia de mafias de diversos orígenes (italianas, rusas, árabes, etc.) que actuaban sin mayores impedimentos ante la vista gorda de las autoridades.

El volumen que fueron adquiriendo estas transacciones non sanctas provocó algunas reacciones desde el poder para contrarrestarlas. Durante los doce meses siguientes a junio de 2005 las autoridades policiales decomisaron bienes por cuatro mil millones de euros, cien veces más que lo incautado en 2000.

Casi simultáneamente comenzaron a destaparse los negociados existentes en torno al mercado inmobiliario. Desde que se explotó el escándalo en el Ayuntamiento de Marbella, en marzo pasado, prácticamente todos los días se suman nuevos indicios de que la red de corrupción que vincula políticos, constructores y propietarios de tierras está extendida a toda la geografía española sin excluir a partidos ni a poderes.

En tierra marbellí se gestó la más gigantesca maquinaria de corrupción, instituida por el polémico alcalde Jesús Gil. Desde 1991, el fallecido presidente del Atlético de Madrid dio riendas sueltas a la habilitación de tierras para urbanizaciones, a la lucrativa connivencia entre funcionarios, magistrados, constructores y escribanos, y todo tipo de operaciones de lavado de dinero. Se estima que de las cerca de sesenta mil viviendas construidas, al menos la mitad son ilegales.

Era tan desembozada y generalizada la corrupción que desbordó los contornos institucionales que la contenía e hizo saltar por los aires toda la escandalosa trama de negociados e inusitados enriquecimientos. Comenzaron a confirmarse las sospechas y decenas de personajes fueron involucrados en el proceso judicial, veintisiete ex ediles quedaron procesados y tres alcaldes encarcelados.

En estos meses, cada vez que el tema fue tratado en algún programa radial, al instante comenzaron a ponerse al rojo vivo los teléfonos con las denuncias de los oyentes sobre similares operaciones efectuadas por todos los rincones de España, desde pequeñas aldeas hasta grandes ciudades.

Todo el territorio español está cruzado de denuncias de negociados y entre los señalados por el dedo de las sospechas y procedimientos judiciales se encuentran dirigentes de Partido Popular, del PSOE, de Izquierda Unida y de otros partidos.

Deuda grande y bolsillo estrecho

Por otro lado, a pesar de la desaceleración de los últimos meses, el valor de la vivienda no ha dejado de crecer, alcanzando una suba del 150 por ciento de los precios que ostentaba en 1998, mientras los salarios apenas lograron la quinta parte de esa revalorización.

De esta manera, no es de extrañar que el endeudamiento de las familias españolas alcance ya al 115 por ciento de su renta bruta disponible. El aumento de los tipos de interés hacen más gravosa aún la carga y el esfuerzo financiero que tienen que hacer los individuos para adquirir una vivienda.

En este sentido, la creciente morosidad de los saldos de las tarjetas estaría dando el primer toque de atención. Un análisis realizado por el BBVA parte de la información suministrada por más de 270 entidades que tienen registradas 2,5 millones de operaciones morosas por importe de 7.175 millones de euros en el periodo de enero del 2005 a junio del 2006. En igual periodo, el índice de tarjetas en mora creció el 12 por ciento y el número de créditos de consumo en mora subió el 10 por ciento.

Por la vía de la disminución de la plusvalía empresaria que reorienta las inversiones, por el límite alcanzado por la tolerancia oficial a la gigantesca corrupción inmobiliaria y lavado de dinero, y por el exceso de endeudamiento popular, la burbuja económica que potenció la España posfranquista está acercándose peligrosamente a un clavo amenazante.


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