27 enero 2019

Los muertos de Macri

Santiago Maldonado y Rafael Nahuel fueron los mártires más emblemáticos de la política represiva del actual gobierno, pero existen otros centenares de casos fatales generados por un cóctel siniestro: ajuste salvaje, ataque a las condiciones laborales, desidia institucional, pérdida de conquistas sociales, deterioro del poder adquisitivo, “gatillo fácil” y represión a la protesta social.
Si se repasa la historia familiar del presidente, esta sucesión sangrienta de hechos se convierten en previsibles. La genética de los Macri priorizó siempre el logro de sus propósitos, sin importar el costo en vidas que ello implique


Por Bernardo Veksler

Los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel se convirtieron en uno de los primeros casos donde la movilización social enfrentó la política represiva del gobierno del presidente Mauricio Macri. La indignación ante las mentiras y montajes mediáticos se convirtió en un clamor callejero. No obstante, el combo de una investigación amañada, pericias sesgadas, despliegue de la prensa adicta y jueces vergonzosamente permeables a las presiones oficiales lograron que el caso derive hacia el terreno de la confusión y la impunidad. Lo realizado por Macri en el gobierno nacional fue una continuidad de lo llevado a cabo en el ámbito porteño. El incendio de “Iron Mountain” y los diez bomberos muertos, los cinco chicos intoxicados que perdieron la vida en el boliche “Time Warp” y las cinco víctimas de los derrumbes del boliche “Beara” y un gimnasio en Villa Urquiza consumaron tortuosos procesos judiciales que impidieron el esclarecimiento de lo ocurrido y diluyeron las evidentes responsabilidades políticas. La morosidad judicial instrumentada en esos casos fue precursora de la que se consumó más tarde en el orden nacional para privar de justicia a las víctimas. Coherencia macrista Cualquier persona medianamente perceptiva, que se sienta responsable de la muerte de un individuo se vería afectado por la congoja y la culpa de haber sido la causante de esa desgracia. Pero, existen personalidades que se manifiestan indiferentes ante el dolor ocasionado. Desarrollan la concepción de que los “daños colaterales” que se producen son parte de la lucha de intereses y que para progresar no hay que amilanarse por los que van quedando en el camino. Trasladando de esta manera la ley de la selva al terreno ideológico. Cuando esa conducta se reitera, y el medio en que se desenvuelve lo consiente, posiblemente, el personaje en cuestión se va habituando a convivir con pérdidas humanas, con el argumento de que la víctima “se la buscó”, “era él o yo” o el reiterado "no había otra opción”. La familia Macri ha coexistido con sugestivos casos de “muertes accidentales” que acompañaron su rutilante evolución empresaria. “Macri es un apellido con peso y misterio en el sur italiano. Un Antonio Macri fue el primer jefe de la mafia calabresa, la más clásica y tradicional. Cuando fue asesinado, desató una guerra entre famiglie que terminó en menos de un año con 300 muertos entre los dos bandos en pugna” (Gabriela Cerruti. El Pibe). En su Calabria natal, el “abuelo Giorgio Macrì hizo buenos negocios en el sector de la construcción, vinculado al poder fascista”. Con la derrota de sus protectores debió emigrar, se instaló en Argentina y su primogénito Franco desplegó una fulgurante carrera empresaria, fundada también en la obra pública y los consabidos favores de funcionarios de distintos gobiernos. Durante la última dictadura militar dio el gran salto que lo ubicó en el más alto nivel del poder económico argentino: “el grupo Macri poseía formalmente 7 empresas en 1976 y 47 en 1983” (Jorge Beinstein. Macri. Orígenes e instalación de una dictadura mafiosa. Blog “Pájaro rojo”). Este autor consideró que esa evolución “esplendorosa” recibió el aporte proteico de las buenas relaciones “con la logia mafiosa italiana P2 que había asociado a varias estructuras criminales de Italia (provenientes de la Cosa Nostra siciliana, la ‘Ndrangheta calabresa, etc.) en estrecha relación con el aparato de inteligencia de los Estados Unidos (eran los tiempos de la Guerra Fría)”. Esos antecedentes podrían ser ocasionales sucesos del pasado. No obstante, algunos hechos fatales ocurridos con personas cercanas a la familia Macri, plantean dudas. En 1983, Ricardo Zinn, accionista de Sevel, aspiró a quedarse con el manejo de la empresa automovilística, en momentos que se estaban desarrollando gestiones por el futuro de la compañía. Finalmente, Franco acordó con Gianni Agnelli. Enterado de las iniciativas de su ex hombre de confianza, Zinn fue obligado a renunciar y a desprenderse de las acciones. Con el menemismo, Zinn fue asesor de la privatización de YPF y Entel, a pesar del lobby realizado en su contra por don Franco. “Como si los deseos de Franco Macri fueran una maldición inapelable. Zinn murió unos meses después en un inexplicable accidente aeronáutico”. Viajaba junto al entonces presidente de YPF, José Estensssoro. No obstante, contar con un “avión, moderno y equipado con la más alta tecnología, piloteado por expertos y conocedores del terreno, explotó de pronto en el aire al chocar contra la cumbre de un cerro en Quito. No hubo sobrevivientes del extraño accidente en el que desapareció para siempre el hombre que había traicionado a Franco Macri” (El Pibe). Cuando se desató el escándalo por la obra cloacal en Morón, que terminó con la destitución del intendente; la familia operó para que el caso quedara en el olvido y no constituyera un obstáculo en su objetivo de participar en las privatizaciones del gobierno de Carlos Menem. “Unos meses después, cuando comenzó la investigación judicial sobre el acuerdo, fue asesinado el escribano Elvio Cigarroa, el hombre que conocía todos los pormenores del acuerdo entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot” (El Pibe). Estos antecedentes, casuales o no, han habituado a los Macri a sobrellevar esas contingencias con desparpajo y naturalidad. Los éxitos políticos de Mauricio le permitieron llegar a donde sus ancestros nunca hubieran imaginado. Pero, una vez en el poder, las muertes se fueron sucediendo y siempre encontró alguna excusa o desplegó maniobras para distraer a la opinión pública, con la inestimable colaboración de la prensa hegemónica, que le permitió sobrellevar las pérdidas de vidas sin consecuencias políticas. Muertes, suicidios, accidentes En julio de 2017, un jubilado se suicidó eligiendo un sitio simbólico: las oficinas de la ANSES marplatense. En abril del año pasado, los obreros metalúrgicos rosarinos se conmocionaron: uno de sus compañeros se había suicidado, al no poder sobrellevar el despido que había sufrido de la fábrica “Mefro Whell”. Unos meses después, un trabajador, de 32 años, de Agroindustria se ahorcó en el edificio de esa Secretaría. El delegado advirtió que el gremio “no va a naturalizar lo que está pasando. Hace diez días otro compañero se nos murió de un paro cardíaco, no lo pudimos salvar porque no hay desfibrilador por el ajuste. Y todo esto pasa después de que nos despidieran a 900 personas” (Página 12, 13/12/2018). Existe una cifra no estimada aún de personas que reaccionaron de similar manera al introducirse en el laberinto sin salida de la desocupación. El caos y el desamparo a que ha sometido este gobierno al pueblo trabajador generan consecuencias sociales de las que el presidente no se siente responsable. También los accidentes laborales han tenido una notable presencia en estos años. Los abogados laboralistas difundieron un estudio que “asegura que existe un promedio anual de 400 muertes obreras en accidentes” en los lugares de trabajo, sin incluir los decesos “in itinere”. “Según los especialistas el número podría duplicarse si se tomara en cuenta el trabajo no registrado donde, además, abundan las condiciones de precariedad” (Tiempo Argentino, 16/12/2018). La reforma aprobada de la ley de ART, en febrero de 2017, dejó mucho más desprotegidos a los trabajadores y más desinteresados a los empresarios en preservar la vida de sus empleados. Los incesantes achicamientos presupuestarios y la ausencia de una política para proteger a las mujeres provocaron también un aumento de los femicidios. En 2017, 295 mujeres fueron asesinadas, cuando el promedio anual de la última década había alcanzado a 267 casos, según los datos aportados por “La Casa del Encuentro”. En los días que han transcurridos de 2019, los casos se suceden dramáticamente sin que el macrismo considere que sea una consecuencia de su escaso accionar en la protección de las mujeres de la violencia machista. La vieja frase de que “el ajuste mata”, alcanzó nuevamente relevancia y contundencia. La escasa mantención de las escuelas públicas en general y las bonaerenses en particular tuvo fatales consecuencias: la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez pagaron con su vida la desidia oficial, cuando explotó una escuela de Moreno. Otros colegas tuvieron más suerte ante derrumbes y electrocuciones: sólo sufrieron lesiones de consideración. El desastre económico y social llevado a cabo tuvo previsibles derivaciones: “Desde 2007 la tasa de mortalidad infantil (TMI) en nuestro país mostraba un descenso ininterrumpido. Pero esto cambió en el año 2016. Se produjo un estancamiento en la tasa de mortalidad infantil (TMI) por un aumento del componente posneonatal, aquel en el que las condiciones ambientales y socioeconómicas tienen mayor impacto. Entre las jurisdicciones donde se incrementó se destacan la Ciudad de Buenos Aires (la más rica del país), Chubut, Formosa, Misiones y Santiago del Estero” (Fundación Soberanía Sanitaria, 10/6/2018). Todo indica que el empeoramiento de las condiciones económicas de los años posteriores analizados en este informe ha agudizado el drama humanitario. Por otra parte, se desconoce la evolución de la mortandad entre los adultos mayores debido al deterioro de su poder adquisitivo y las crecientes dificultades para su alimentación y adquisición de medicamentos. En este último aspecto, la pérdida de conquistas como los remedios gratuitos y las dificultades para los tratamientos oncológicos tienen una incidencia directa en la sobrevida de jubilados y pensionados. “El impacto de la escalada inflacionaria se profundiza por la alta dependencia a los medicamentos para este grupo etario. Hay casos en que se buscan alternativas genéricas e incluso se suprimen directamente algunos de los medicamentos recetados. Pero tampoco alcanza, además de atentar contra “la supervivencia (de los mayores) y para mantener o recomponer la salud (…) La imposibilidad del acceso a los medicamentos no sólo aumenta la mortalidad, sino que además aumenta la morbilidad de patologías que generan dependencia y discapacidad" (Fundación Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (Cepes) Página 12, 15/1/2019). Tampoco existen datos sobre las consecuencias fatales que ha ocasionado el considerable aumento de los individuos y familias que viven a la intemperie en las calles, plazas y puentes de cada vez más barrios y ciudades. Asimismo, comienzan a percibirse las consecuencias de la ausencia de campañas de prevención ante brotes epidémicos como es el caso del hantavirus y las restricciones imperantes sobre las vacunas. La indolencia en el manejo de los recursos del estado también tuvo víctimas entre los uniformados. Cuarenta y tres gendarmes fallecieron al desbarrancarse el ómnibus en el que viajaban a Jujuy, a los pocos días de haber asumido Macri. Luego, los argentinos se estremecieron con la inmolación de cuarenta y cuatro tripulantes del submarino ARA San Juan, que se hundió en el Atlántico Sur, sin el debido esclarecimiento de la misión que estaban realizando y las condiciones de seguridad de la nave. El maltrato sufrido por los familiares puso en evidencia que al macrismo le resulta insoportable el pedido de explicaciones y rendición de cuentas. Garrotazos a diestra y siniestra Pero, donde el desprecio por la vida de sus semejantes alcanzó una mayor evidencia fue en las respuestas represivas que el gobierno de Cambiemos implementó. Cada vez que descargó su furia sobre los que resistían, los golpes, gases y balas fueron acompañados de una descalificación de la protesta: “Terrorismo mapuche”, “comandos kurdos – venezolanos”, “complot trosco- anarquista- kirchnerista” o cualquier otra excusa delirante para intentar justificar la barbarie represiva. Santiago Maldonado y Rafael Nahuel fueron víctimas del desproporcionado operativo instrumentado para escarmentar a los pueblos originarios, que intentaban reconquistar el derecho a la tierra del que despojaron a sus ancestros. En los últimos días el desprecio por la vida pegó un nuevo salto, según denunciaron los organismos de derechos humanos, la escalada represiva cobró “la vida de los luchadores populares Ronald Orellana, Marcos Soria y Juan Carlos Britto”. El desinterés por preservar a los ciudadanos y ciudadanas se manifestó en la conducta de las fuerzas de seguridad, exaltadas desde la primera fila del gabinete nacional. Un incendio en una comisaría de Esteban Echeverría consumió la vida de nueve detenidos. Los uniformados mostraron una asombrosa y perversa pasividad mientras el fuego acorralaba a los presos. El “gatillo fácil” también tuvo trágicas consecuencias. La violencia ejercida por el aparato estatal de seguridad ha dejado en los últimos tres años una cifra superior al millar de muertos. Un informe provisorio de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) adelantó que “en 1.110 días de gobierno de la Alianza Cambiemos, el aparato represivo estatal mató 1.206 personas”. Un promedio escalofriante: “El gobierno de Cambiemos mató una persona desarmada cada 22 horas”. La entidad advirtió que con seguridad estos datos se verán incrementados, dado las dificultades que tuvieron para obtener informaciones que les permita completar el dramático cuadro. "Estamos atravesando el pico represivo más violento desde el año 1983. Hubo otros momentos especialmente duros como el 2000 o 2008, pero esta escalada represiva es inédita. Por primera vez superamos la marca del muerto diario por gatillo fácil o torturas", denunció la dirigente de la Correpi, María del Carmen Verdú. Todo indica que las víctimas se van a multiplicar, con el aval dado por la ministra Patricia Bullrich al disparo a mansalva a todo aquel que no acate la voz de mando policial y con la compra de pistolas de electrochoque “Taser”. La “doctrina Chocobar” promovida por los máximos jerarcas del gobierno, además, incrementará sus macabros resultados con el aliento oficial al armamentismo y a la justicia por mano propia. Este balance sangriento de tres años de este gobierno constituye una advertencia para la ciudadanía argentina sobre las perspectivas que augura el macrismo en el poder. “Cuando termine de disiparse el espejismo, muchos se preguntarán cómo fue posible que un hombre con el armario repleto de cadáveres se postulara como modelo de honestidad y transparencia y que esa pretensión cosechara otra respuesta que sonrisas y carcajadas” (Horacio Verbitsky. El cohete a la luna, 16/12/2018). La ciudadanía tiene la palabra.